Santo Domingo
El Ministerio Público presentó formal acusación en contra de 11 implicados acusados de la sustracción de 950 kilos de cocaína incautados por la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía, para presuntamente comercializarlos.
La presentación de la acusación fue hecha por el fiscal adjunto Jeremías Novas Fabián, por ante la jueza de la Instrucción Especial interina de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez.
En la audiencia el Ministerio Público pidió al tribunal que el grupo fuera enviado a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
El fiscal también pidió al tribunal que en cuanto a la medida de coerción consistente en prisión preventiva que le fue impuesta a los imputados, que las mismas sean mantenidas con todo su rigor, ya que las razones que la motivaron aún se mantienen.
En el caso figuran como acusados los fiscales de la provincia Santo Domingo, Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; el ex coronel Fernández Valerio, el ex teniente coronel Félix Humberto Paulino López, el ex mayor Luciano Gómez Cabrera, el ex primer teniente Bárbaro Torres Beltrán.
También el ex sargento Pedro José Almánzar González, el ex cabo Agapito Muñoz Evangelista, el ex sargento Antolín de los Santos Zabala, la ex raso Raydiris Lironely García Miranda y los civiles Cecilia Castillo Durán y Miguel Ogando Ogando, quienes se encuentran en libertad.
Parte del grupo guarda prisión luego de que el pasado 17 de enero, la magistrada Wendy Martínez dictara un año de prisión preventiva en contra de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de Najayo y la cárcel del nuevo modelo de San Pedro de Macorís.
Posteriormente, la jueza ordenó la libertad del cabo Agapito Muñoz
Evangelista y de la raso Raidirys García Miranda, luego de variar la prisión preventiva que había dictado en su contra.
El Ministerio Público inició la investigación luego de una solicitud que hiciera el entonces jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo.
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