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Una corte vaticana el sábado halló culpable de abuso de poder al expresidente del hospital infantil del papa, por desviar medio millón de dólares en donaciones para renovar el apartamento donde vivía un cardenal y lo sentenció a un año de prisión en suspenso.
El tribunal absolvió al extesorero del hospital infantil Bambino Gesu (Niño Jesús). El caso fue notable porque ni el cardenal Tarcisio Bertone, exsecretario de Estado del Vaticano, que se benefició de la renovación, ni el contratista —al que aparentemente se le pagó dos veces por hacer el trabajo— fueron llevados a juicio.
Por su parte, Profiti admitió haber utilizado dinero de la fundación para remozar el piso de Bertone porque pensaba organizar allí veladas para recaudar fondos para el hospital. No se celebró ninguna.Los cargos originales contra el expresidente del hospital Giuseppe Profiti habían sido por malversación de 422.000 euros (unos 500.000 dólares), pero la corte lo condenó por el delito menor de abuso de poder.
El dinero fue desviado de una fundación que recaudaba fondos para el hospital. La fiscalía había pedido una condena de tres años de cárcel y una multa de 5.000 euros (5.910 dólares) para Profiti. También había pedido que se archivara el caso contra el extesorero, Massimo Spina, por falta de pruebas, ya que el juicio determinó que Spina no tenía capacidad de decisión ni poderes para firmar las operaciones clave.
El juicio, que comenzó en julio y que el sábado escuchó los argumentos de cierre de la defensa, dejó al descubierto cómo Bertone forzó las normas del Vaticano para que se reformara el apartamento donde iba a retirarse después de que el papa Francisco fuera elegido en 2013 y nombrara un nuevo secretario de Estado.
El proceso también puso sobre la mesa la "opacidad, el silencio y la mala gestión" en los activos del Vaticano, según el fiscal Roberto Zanotti en sus argumentos de cierre.
Esa falta de transparencia financiera y de responsabilidad persigue a la Santa Sede desde hace siglos y ha sido una gran preocupación en el pontificado de Francisco, que ha intentado hacer reformas.
Además, el caso arrojó luz sobre el llamado "hospital del papa", que fue objeto de una investigación de The Associated Press este año. AP descubrió que una investigación secreta autorizada por el Vaticano en 2014 había determinado que la misión del centro bajo el mando de Profiti se había vuelto "más dirigida al beneficio" económico de la institución que a la atención a los pacientes.
Tras su retirada en 2013, a Bertone se le asignó un ático de 400 metros cuadrados (4.305 pies cuadrados) en el Palazzo San Carlo, propiedad del Vaticano. El edificio limita con los jardines vaticanos y ofrece espectaculares vistas de la basílica de San Pedro y el hotel donde vive Francisco.
Durante el juicio se mostró que Bertone maniobró personalmente para que un viejo amigo, Gianantonio Bandera, hiciera las reformas. El proyecto de Bertone se adelantó a otras reparaciones de inmuebles previstas en el Vaticano y evitó el proceso normal de concurso externo requerido para un gasto tan considerable, presumiblemente porque prometió pagar él la obra.
Bertone sí pagó unos 300.000 euros (355.000 dólares) de su bolsillo. El problema es que la fundación del hospital también pagó a la empresa de Bandera 422.000 euros por un trabajo que costó 533.000 euros, incluidas reparaciones en el tejado del palazzo.
El ingeniero jefe de la oficina de mantenimiento de edificios, Marco Bargellini, declaró que la solicitud de renovación que hizo Bertone en agosto de 2013 fue "única". Bargellini dijo que nunca había visto un caso donde un inquilino propusiera un proyecto con la empresa constructora ya elegida, dado que el Vaticano tiene una lista de contratistas que normalmente deben competir por la obra.
La empresa de Bandera, Castelli Re, estimó en un principio que la reforma costaría 616.000 euros, una suma que Bargellini consideró "excesiva" considerando los precios de mercado, pero dijo que el Vaticano aprobó el proyecto cuando Bandera ofreció un descuento del 50% por adelantado.
Al final, Castelli Re se declaró en bancarrota y los 422.000 euros del hospital se enviaron a otra compañía de Bandera con sede en Gran Bretaña, Lg Contractors Ltd. Se cree que esa fue la transacción que llamó la atención de los reguladores financieros del Vaticano, que fueron llamados a declarar en el juicio pero declinaron dar detalles, citando la necesidad de mantener en secreto sus operaciones para obtener información.
El único indicio de un posible soborno de la aparente doble factura de Bandera es una "donación" de seis cifras propuesta de Bandera a la fundación del hospital. Profiti dijo que "no descarta" que pidiera esa donación, y Spina declaró que intentó conseguir el dinero de Bandera. Sin embargo, el empresario alegó dificultades económicas después de la bancarrota de su empresa y nunca pagó.
Ni Bertone ni Bandera fueron acusados en el caso, aunque es posible que ahora las fiscalías italiana y vaticana tengan las pruebas que necesitan para presentar un caso contra el constructor por la aparente doble facturación.
En el juicio, Bandera declaró que nunca cobró dos veces por la obra, aunque admitió que ya no controlaba por completo la empresa tras su bancarrota a principios de 2014.
Bertone ha insistido en que no sabía nada del pago del hospital. Cuando el escándalo salió a la luz a finales de 2015, Bertone se apresuró a hacer una "donación" de 150.000 euros (177.300 dólares) al hospital. Insistió en que no era una compensación, sino un gesto de buena voluntad.
La sustituta de Profiti como presidenta del hospital, Marella Enoc, declaró que "no es mi estilo tener cenas de recaudación de fondos en las viviendas de cardenales ni celebridades".DE AP
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