Informe sobre República Dominicana. Preparado por Miguel Franjul, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y director de Listín Diario. Leído por Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, miembro de la junta de directores. (Del 29 al 31 de marzo de 2019)
La aprobación de dos leyes, una de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y otra que configura el régimen electoral, con disposiciones que amenazan la libertad de expresión de los ciudadanos en tiempos de campaña proselitista, ha despertado los temores de un resurgimiento de los mecanismos de censura en el país.
A la existencia de estas leyes podrían agregarse otras que se discuten en el Congreso sobre los medios de comunicación que contemplan restricciones y normas inhibitorias.
Con ellas, parece estar formándose un clima generalizado para impedir la difusión de denuncias de corrupción o de actos escandalosos de partidos y figuras políticas. El argumento esgrimido es que están destinadas a proteger el honor sobre la base de criterios vagos sobre difamación e injuria.
La Ley Electoral contempla penas de hasta 10 años de prisión para los delitos de difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos, y de 3 hasta 10 años a los que violaren normas éticas, legales y constitucionales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.
En lo relativo a las leyes de Partidos y la de régimen electoral penalizan hasta con diez años "comentarios negativos" contra precandidatos o candidatos.
El concepto de "comentarios negativos" va más allá de las figuras jurídicas de "difamación" o la "injuria", las cuales ya están sancionadas en el Código Penal vigente y en la Ley sobre Expresión y Difusión del pensamiento. Puede considerarse comentario negativo cualquier cosa que el precandidato o candidato entienda que perjudica a sus aspiraciones, aunque la afirmación sea verdad.
Se propuso además un observatorio electoral para determinar las informaciones falsas o verdaderas lo que también resulta un mecanismo riesgoso contra la libre expresión.
En ese ambiente de prejuicios y medidas contra la libertad de expresión la Sociedad Dominicana de Diarios procura con el Congreso una nueva ley de comunicación que ofrezca más garantías.
En el último semestre se han producido 14 casos de periodistas que han padecido maltratos, agresiones y amenazas de muerte provenientes de agentes policiales y militares en la cobertura de eventos como de individuos y agrupaciones civiles.
Al menos cinco connotados comentaristas de la radio y la televisión han denunciado que fueron inducidos a renunciar de los programas en los que trabajaban por presiones desde el gobierno contra los propietarios de los medios, a causa de sus continuas críticas y denuncias sobre casos de corrupción. No se trató de expulsiones directas ni de cierre de sus programas, sino de cambios administrativos dispuestos por esos medios que los comunicadores no aceptaron.
Persisten temores de que queden en la impunidad los crímenes del periodista Blas Olivo, ocurrido en abril del 2015 y de los comunicadores radiales Leo Martínez y Luis Manuel Medina, en febrero del 2017.
Las audiencias judiciales del caso Olivo se han aplazado 316 veces en cuatro años. Por ese crimen seis personas acusadas de pertenecer a una banda de sicarios guardan prisión.
En el caso de los comunicadores asesinados en una cabina de la estación radial de la ciudad de San Pedro de Macorís, al este del país, todavía no se ha dado a conocer el informe de la investigación ordenada por el Poder Ejecutivo que sería la base para esclarecer un escándalo de corrupción denunciado por ambos con la venta de tierras del Consejo Estatal del Azúcar. El victimario de los periodistas murió horas después del crimen en lo que se describió como un intercambio de disparos con la patrulla policial que lo perseguía. El juicio, por tanto, está estancado.
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