Imponen medida de coerción a propietario de negocio donde pared colapsada acabo con tres vidas

 

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José Dicen

Baní, RD

A casi dos meses de ocurrido el derrumbe de una pared que le causó la muerte a tres miembros de una misma familia en el municipio de Baní, el Tribunal de la Instrucción de la provincia Peravia, impuso dos millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica, como medida de coerción, al propietario de la ferretería, imputado involuntario de la tragedia.

Santo Valerio Guzmán, propietario de la ferretería, donde una de sus verjas perimetrales (en blocks, barilla y cemento) se desplomó la mañana del primero de mayo pasado,  provocando la muerte de; la niña de dos años Yulianni Melo, Estefanía Romero, de 26 y su abuela Verónica Carmona, de 45 años, fue acusado por la fiscalía local de violar, el artículo 319 del Código Penal Dominicano (CPD), en perjuicio de las víctimas.

Ese artículo 319, expresa, “el que, por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, comete homicidio involuntario o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión de 3 meses a 2 años y multa de 25 a 100 pesos”.

En base a las circunstancias en que se produjeron las muertes, de las tres personas que vivían a unos 60 metros, debajo de la pared de la ferretería, en el barrio Villa Carmen (La Paja), en el sector Norte de la ciudad de Baní, la fiscalía imputa a Guzmán del supuesto homicidio involuntario de Yulianny, Estefanía y Verónica.

El fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, presentó la acusación frente al juez de La Instrucción, que acogió el pasado martes, en todas sus partes, el pedido del Ministerio Público, que impone a al imputado, como medida de coerción el pago dos millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante la fiscalía de Peravía los días 15 y 30 de cada mes.

Valerio Guzmán, permanecía detenido (ayer) viernes, en la cárcel pública de Baní hasta que cubra el pago de la garantía económica de los 2 millones de pesos impuestos en la sentencia del Tribunal de la Instrucción el pasado martes 22.

La tragedia además afectó varios hogares y unas 17 personas de las familias que residían en ese vecindario y que aún esperan por las ayudas ofrecidas por autoridades correspondientes en los días postreros a la ocurrencia del fatal siniestro.