Santo Domingo.– El presidente dominicano, Luis Abinader, cumplió este lunes un año en el cargo con muestras de haber logrado reactivar la economía tras el declive a causa de la pandemia, pero con enormes desafíos, en especial por el preocupante aumento de la deuda pública, que alcanza el 67,8 % del PIB.
Abinader, de 54 años, llegó al poder el 16 de agosto de 2020 de la mano del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en medio de una grave crisis económica y sanitaria debido a la covid-19, que ha costado la vida a 3.985 personas en el país, uno de los que más rápido ha avanzado con la vacunación en América Latina.
Doce meses después, este economista y empresario asegura que el país está “mucho mejor” que en 2020, cuando la economía cayó alrededor del 6,7 % tras haber sido por varios años la de mayor crecimiento en la región.
GESTIÓN DE LA PANDEMIA
Abinader y su equipo se felicitan por la gestión frente a la pandemia, “que está controlada”, después de que los hospitales prácticamente colapsaran, como afirmara recientemente en una entrevista en televisión.
En esa ocasión, Abinader aseguró que el Gobierno “está preparado» ante un eventual rebrote, luego de que se hayan relajado las medidas adoptadas para controlar la enfermedad.
La nación caribeña empezó a vacunar en febrero de este año y hasta el momento ha aplicado 10,6 millones de dosis, de acuerdo con las cifras oficiales, que indican que 4,4 millones de personas, de una población meta de 7,8 millones, están completamente vacunadas.
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
En este año, el país ha logrado reactivar la economía, que creció 13,3 % en el primer semestre y, según las proyecciones oficiales, se espera que el PIB crezca entre un 9 % y un 10 % al finalizar 2021.
Entre las actividades de mayor expansión están los sectores construcción, zonas francas, minería y el comercio, mientras que avanza la paulatina reactivación del turismo, que fue hasta 2019 la principal fuente de divisas del país, y que entre enero y julio generó ingresos por 2.145 millones de dólares.
Sin embargo, fueron los más de 8.200 millones de dólares en remesas enviadas el año pasado por los dominicanos residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, los que impidieron al país caer en una situación cercana a la debacle.
La rápida reactivación de la economía vino con un precio, la inflación, que llega al 7,88 % interanual en julio, aunque la realidad es muy distinta para el ciudadano de a pie, que ha visto cómo los precios de los productos de primera necesidad y los combustibles no han parado de aumentar en los últimos meses.
El Gobierno también se ha visto obligado a endeudarse para financiar los planes de recuperación económica, con lo que la deuda ha pasado del 65,9 % del PIB en agosto de 2020 a 67,8 % en junio 2021.
CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN
El primer año de Abinader también ha estado marcado por su promesa de cero impunidad contra la corrupción, tanto pasada como futura, y por una retahíla de casos abiertos para investigar las irregularidades en el ejecutivo de Danilo Medina (2012-2020).
Para ello nombró un Ministerio Público “políticamente independiente”, que ha presentado acusaciones contra importantes exfuncionarios por sospechas de corrupción.
Entre los que guardan prisión figura el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, así como Alexis Medina, hermano del expresidente Medina, acusado de liderar una red que supuestamente sustrajo unos 85 millones de dólares del Estado.
CÓDIGO PENAL Y ABORTO
En el primer año de Abinader también se han avivado polémicas por cuestiones sociales, en especial por el debate sobre la despenalización del aborto, hasta ahora totalmente prohibido en el país.
Abinader y su partido, el PRM, apoyan de palabra a los grupos feministas en el reclamo de que el aborte se despenalice en tres casos- cuando peligre la vida de la madre, en el caso de violación o incesto o cuando la malformación del feto sea incompatible con la vida fuera del útero.
Sin embargo, ahora que el Congreso Nacional debate el nuevo Código Penal, donde se trata el polémico tema, el gobernante evitó imponer su visión a sus correligionarios y pasó a defender que la cuestión se resuelva con la celebración de un referéndum, alegando que no solo se trata de un tema de salud sino también “religioso».
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