El grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, coordinado por Servio Tulio Castaños, presentó este lunes al presidente Luis Abinader su informe acerca de las condiciones del cuerpo del orden y los cambios necesarios para su mejoría.
Entre los aspectos esenciales que, según el documento, deben mejorar de forma significativa está un régimen de control especialmente de tipo externo, al que el primer mandatario aseguró que prestarán especial atención para hacerlo efectivo.
Otro de los elementos que consideraron necesarios de atender fue la falta de reestructuración de las compensaciones salariales, el centralismo excesivo de la actuación policial y la histórica insuficiencia de recursos.
El presidente Abinader destacó también que para el ingreso a las filas se debe contar con criterios específicos, haciendo énfasis en que estos requisitos no deben atentar a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Otros indicadores señalados fueron la formación académica y procedimental deficiente, además de un enfoque “erróneo y desproporcionado” de la fuerza para aplicar el orden a los que se suman la falta de estructuración de perfiles de ingreso y la implementación de cultura de servicio a la ciudadanía.
El grupo de trabajo consideró además como importante ahondar en el fortalecimiento de la carrera, la estructuración del régimen de compensaciones, revisión del carácter de de los denominados especialismos.
Asimismo, que la evaluación de desempeño sea fundamental para obtener ascensos y que la institución asuma el compromiso del actual gobierno con la transparencia; que la veeduría ciudadana este regulada mediante comisiones independientes, así como también la adecuación de los procedimientos disciplinarios.
El jefe de Estado manifestó que ese grupo de trabajo debe convertirse en un “grupo de seguimiento” a la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, luego de describir el estudio como un extraordinario trabajo con el que “verdaderamente se logra una reforma policial”.
Este equipo, juramentado en abril de este año, tenía el plazo de un año para cumplir los objetivos planteados en el decreto 211-21 que los conformó, entre ellos formular recomendaciones para alcanzar un régimen de sanciones adecuado a los miembros de la Policía Nacional que incurran en faltas, siguiendo siempre el debido proceso
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