El comunicador Juan Cruz Trifolio se manifiesta alarmado al ver hasta dónde puede llegar un fraude orquestado desde el Estado y niega ser dueño de ninguna posesión de tierra.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al pasar los terrenos del Estado a propiedad del Instituto Agrario Dominicano (IAD), durante el gobierno de Joaquín Balaguer, se utilizó la “excusa” de la reforma agraria para repartir la propiedad pública a supuestos “campesinos” que ni siquiera se enteraron de la asignación de las parcelas y cuyas firmas se falsificaron para simular la venta.
Durante el programa de investigación periodística Nuria, que se transmite por Color Visión canal 9, se puso observar cómo a 123 campesinos de Hato Nuevo se les ofrecieron parcelas de 12 tareas a 12 mil pesos, a cambio de que apoyaran la candidatura de Jaime Rodríguez Guzmán, entonces director del IAD y dirigente del Partido Reformista.
Nuria mostró cómo en el año 1997, en uno de los juicios que se hicieron a lo implicados en el fraude, la señora Carmen Sosa Hernández, quien a pesar de aparecer con 386 tareas de tierra en Cabarete y luego supuestamente venderlas, anunció que su firma fue falsificada y que ella no recibió ni solicitó ninguna parcela al IAD.
Otro ejemplo del fraude en Bahía de las Águilas es el caso del comunicador Juan Cruz Trifolio a quien se le asignaron, sin su consentimiento, 31 hectáreas en el Parque Nacional Jaragua.
Otro que denuncia estar en la lista Bahía de las Águilas, es Bernardito Beltran quien alega no conocer Pedernales y que además le pusieron impedimento de salida injustamente
“Cuando llego al 1451 se especifica que en una parcela de número 215 en el año 1992 se declaró como propietario a Juan Antonio Cruz y ahora cuando veo la cedula dice 19940-55 yo soy de Salcedo, esa fue mi primera cedula y se dice que tengo 31 hectáreas”, explica Trifolio.
Cruz Trifolio se manifiesta alarmado al ver hasta dónde puede llegar un fraude orquestado desde el Estado y niega ser dueño de ninguna posesión de tierra.
“ Yo no tengo vocación de agricultor, yo creo que la única tierra que yo tengo encima es la que tengo en el ombligo y la que tengo detrás de la oreja, si es que la tengo”, sostuvo el comunicador.
Durante la investigación del programa Nuria en el 1997 en el IAD en la época se transfirieron más de 250 mil tareas irregularmente.
Otro que denuncia estar en la lista Bahía de las Águilas, es Bernardito Beltran quien alega no conocer Pedernales y que además le pusieron impedimento de salida injustamente.
Su nombre aparece como propietario de las parcelas de Bahía de las Águilas, hecho por el que incluso perdió su residencia estadounidense , porque cuando se enteró del fraude pretendía viajar en 1997 y no le permitieron salir.
“Ya nosotros creíamos que eso estaba resuelto, que el Estado Dominicano iba a hacer cargo de las investigaciones, pues a partir de ahí comprobó que se había hecho un fraude”, Editrudis Beltrán, hijo del afectado y ex vicerrector de la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD).
Después del anuncio del Gobierno
Nuria Piera expresó que, para sorpresa de muchos, el 21 de febrero, el Gobierno rectificó y echó hacia atrás el acuerdo que se había anunciado con los poseedores de títulos en la parcela 215-A, que ocupa el área protegida del parque Nacional Jaragua, donde está ubicada Bahía de las Águilas.
Subrayó que Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la Presidencia, al hacer el anuncio, dijo que el Gobierno esperará el fallo definitivo de la justicia sobre el caso Bahía de las Águilas.
El funcionario reclamó del Procurador de la República y la Fiscal del Distrito Nacional, asumir la defensa del interés de Estado en este caso.
“Una noticia recibida con beneplácito por toda la población, especialmente por quienes abogaron desde un principio porque no se legitime un fraude”, expresó Piera.
Para la abogada Laura Acosta Lora, entrevistada por Nuria Piera, hay pasos pendientes a dar:
“Pero el caso no se queda ahí… la justicia debe tomar en cuenta todas las evidencias existentes para que se juzgue a los culpables. Nosotros rastreamos el expediente referente a la acusación penal contra Jaime Rodríguez Guzmán, director de entonces del IAD, su hermano, Rafael Rodríguez Guzmán, y su esposa Reyna Margarita Martínez, a nombre de quien había varios terrenos tanto en Bahía de las Águilas como en otras zonas del país”.
Este caso se encuentra en la justicia Penal e Inmobiliaria, en donde se legitimará o no el fraude y donde los responsables de la sustracción de tierras del Estado pagarían por el supuesto delito cometido en el 1997.
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