El Instituto de Abogados para la protección del Medio Ambiente (Insaproma) sometió ayer una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), a fin de que se prohíba al gobierno llamar a licitación pública para la construcción de la carretera Cibao-Sur.
La instancia fue sometida por los abogados Euren Cuevas Medina, Maritza Reinoso Santos y William Alcántara, en representación de la entidad.
El instituto solicita la suspensión de la apertura de esta licitación para evitar la violación del derecho al medio ambiente y la vulneración de los artículos 16 y 166 de la Carta Magna.
Pidieron al TSA que condene al gobierno dominicano y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al pago de un astreinte de RD$2 millones diario por cada día de retraso en el cumplimiento de sentencia que emita el juez.
La institución entiende que en ese proceso de licitación pública debe mediar una decisión del Congreso Nacional que modifique los límites de los parques nacionales J. Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez y Manolo Tavárez Justo, los cuales considera serán afectados por la obra.
Señalaron que la alteración de un área protegida es un delito ambiental castigado por la ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 y la ley 64-00 sobre medio ambiente.
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