Juristas tienen opiniones encontradas en cuanto a modificación al CPP SOBRE EL TEMA HABLARON MARINO FELIZ Y TRAJANO POTENTINI

Santo Domingo

El Código Procesal Penal (CPP) sin duda ameritaba de una modificación que se estaba esperando desde hace años y muchos temas ya se habían consensuado. Sin embargo, los puntos modificados no son respaldados de un todo por los juristas Trajano Vidal Potentini, presidente de Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y  el penalista Marino Feliz.

Ambos valoraron como positivo el hecho de que se aprobaran los cambios, debido a que a su entender el anterior código, luego de más de 10 años de implementación, no se correspondía con la realidad actual de República Dominicana. 

“En términos generales, tenemos que valorar que la Cámara de Diputados hizo una gran labor en consenso de mejorar el instrumento”, aseguró Potentini, aunque recalcó que el código por sí sólo no va a resolver la delincuencia, simplemente porque este problema “se previene aplicando políticas sociales encaminadas a eliminar los males que la  generan”.

Mientras que Marino Feliz aseguró que, aunque era necesaria la aprobación del proyecto, no está de acuerdo con el 95% de las modificaciones que se han hecho. “Creo que son malas la mayoría de las modificaciones”, apuntó.

Puntos a favor
Uno de los puntos que Potentini destaca es el hecho de que el querellante es dueño en gran medida de su acción y que el Ministerio Público no se asume como una parte, sino como un representante más de la sociedad, por lo que consideró positivo que “se empodere al Ministerio Público de temas que tienen un componente de orden público por las alarmantes estadísticas que traen consigo la violencia intrafamiliar y los tantos feminicidios”. 

En igual términos se refiere Feliz, quien manifestó que está correcto que el Ministerio Público pueda continuar una demanda, aunque el querellante retire los cargos. “Porque la violencia de género es una acción pública y en todos los casos de acción pública, aunque no hayan victimas querellando, el Ministerio Público puede continuar con la acción”, aseguró.

Opiniones encontradas
En cuanto al hecho de que los policías podrán arrestar a una persona sin necesidad de esperar a que el Ministerio Público emita una orden, Potentini manifestó que siempre se ha hecho así. 

“No es un retroceso, ese es el delito fragante. Si tu observas una persona que pudiera cometer un delito, sucia de sangre o con un cuchillo en la mano, no es verdad que ante esa posibilidad un policía tendría que esperar al Ministerio Público o buscar una orden, son una de las decisiones que tiene como responsabilidad el policía”, expresó Potentini.

Mientras que Feliz, lo calificó como un error y una violación de garantías, al asegurar que debe realizarse solo en los casos de fragante delito como estaba contemplado en el código anterior. “¿Cómo puede ser que la Policía ande arrestando a todo el que le parezca sin causa fundada?, es darle vuelta a las redadas en violación de las garantías mínimas dispuestas por la Constitución a favor de los ciudadanos”, exclamó.

Otro de los temas que preocupa a los abogados es el de la autorización a realizar allanamientos nocturnos. Para Potentini es un retroceso, porque considera que “se puede utilizar ese argumento, aun cuando no se trate de casos de narcotráfico, por la falta de institucionalidad que hay en el país”.

“Habrá que observar cual es el desarrollo y cuál es la utilidad que le da a ese instrumento”, agregó.

Sin embargo, Feliz si está a favor de esa decisión, ya que opina que “en lo que llega el día la persona se puede escabullir o puede ocultar todo".

Cambios que los juristas no apoyan
Uno de los cambios que Potentini no apoya se refiere a la limitación de la capacidad de querellante que tenían las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de radicar querellas directamente en ocasión de la presunta comisión de actos de corrupción. Mientras que el nuevo código establece que para tener participación en una denuncia hay que ser parte en el proceso. 

En cuanto al tema de la defensa pública abierta, Potentini se quejó de que los abogados del Estado sean utilizados por personas que tienen como pagar uno, y asegura que se deben definir los parámetros de cuales imputados y victimas requieren esos servicios.

En ese sentido, Feliz destacó que la victima siempre estará protegida por el Ministerio Público, aunque afirmó que “es un tremendismo que se le asigne abogado a una persona que pretenda reclamar interés particulares que no sean de acción pública”.

“No es posible que el Estado le asigne abogados a todo aquel que quiera acceder a la justicia, no es lo que busca la Constitución ni los pactos y convenciones internacionales”, concluyó.