
Sostuvo que la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos autoriza la utilización de los bienes incautados una vez la autoridad competente ordene su decomiso a favor del Estado dominicano y que de hacerlo de forma contraria estaría violando la ley.
Lorenzo aseguró que los bienes que posee su cliente fueron adquiridos de forma lícita con préstamos otorgados por el Banco de Reservas de la República Dominicana, ascendentes a la suma de diez millones.
Además, denunció que los bienes han sido dilapidados y personas desconocidas han sustraído puertas e inodoros sin que la autoridad lo evite.
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