Cury sostuvo que para arribar a esa conclusión Pared Pérez interpreta literalmente y de manera aislada el artículo 22.5 de la Constitución dominicana.
Manifestó que el método de interpretación literal es ineficaz, porque las palabras sueltas carecen de significado independiente y “porque pierden y adquieren nuevas acepciones con el correr del tiempo”.
El jurista agregó que para descubrir la finalidad de una norma es aconsejable apelar al método teleológico o al sistemático, aduciendo que ninguna disposición legal se encuentra sola, sino que pertenece a un todo más amplio al cual hay que asociar para obtener su sentido.
“Si el artículo 22.5 de la Constitución se interpreta sistemáticamente con el 75.12, que impone como deber fundamental el de velar por el respeto del erario y por el ejercicio transparente de la función pública, y con el 146.1, que proscribe la corrupción, es claro que toda persona, en su condición de ofendida por la sustracción de recursos estatales, puede accionar contra los funcionarios a través de cualquiera de los actos iniciales del procedimiento preparatorio para la apertura de juicio”, explicó.
Cury dijo que aún en el caso de que no fuese como sostiene, el ordenamiento jurídico no le prohíbe al ciudadano querellarse contra funcionarios, y señaló que el art.ículo 40.15 de la Constitución dispone, en términos tajantes, que a nadie puede impedírsele lo que la ley no prohíbe.
“Por consiguiente, lo que no está expresamente prohibido, está tácitamente permitido”, apuntó.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario