Ley contra el abuso animal está vigente, pero pocos lo saben 1, La norma, promulgada hace dos años, es ignorada por la población y las autoridades llamadas a hacerla cumplir -

Es poco más de la una tarde. Se abre el portón y todos echan a correr hacia ella. Cojos, ciegos, desnutridos, chiquitos, grandes, con lomos lastimados, realengos y de raza pura. Todos. Excepto un grupo que permanece aislado en una pequeña enramada.

Mientras intenta apartar los perros que saltan una y otra vez sobre ella, la directora de la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría General, Marilyn Lois, explica que los 41 canes, en su mayoría de raza pitbull, fueron rescatados hace quince días por el cuerpo especializado, tras recibir denuncias de que estaban siendo criados para pelea, lo cual está prohibido por la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable.

Aunque el dueño niega la acusación, por la agresividad y las heridas en sus cuerpos se infiere lo contrario. “Aquello era espantoso. Los encontramos en muy malas condiciones. Estamos esperando los resultados de las pruebas para proceder con el sometimiento formal”, dice.

En el albergue, ubicado en una finca en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, los animales se reponen de los maltratos físicos que les propinan sus dueños, gracias a los cuidados del personal dispuesto por el Ministerio Público, tras la entrada en vigencia de la Ley 248-12 hace dos años.

Sin embargo, la legislación, de la autoría del diputado Elpidio Báez, e impulsada por un grupo de organizaciones protectoras de los animales, sigue siendo la gran desconocida para la mayoría de la población, que continúa ejerciendo todo tipo de abusos contra los animales. La ley, que contempla multas de hasta 50 salarios mínimos y prisión de seis meses a un año en caso de comprobarse crueldad, también prohíbe la venta de animales en las vías públicas así como el acarreo de productos a bordo de caballos.

“La ley aún no es conocida por la mayoría de los ciudadanos, incluyendo los fiscales, los jueces de primera instancia, la Policía Nacional, y mucho menos por los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), ni las instituciones como el Ministerio de Salud Pública ni los ayuntamientos”, se queja la procuradora adjunta.

Aunque la dedicación a tiempo completo de la fiscal ha permitido el decomiso de cientos de caballos y perros maltratados, así como la recogida de animales atropellados, la limitación de recursos unido a la falta de personal y desidia de los gobiernos locales y autoridades policiales han impedido una mejor aplicación de la normativa.

Y es que hasta ahora, la responsabilidad de hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional descansa sobre los hombros de la doctora Lois, quien cuenta con un personal compuesto por dos cuidadores, un sargento encargado de la seguridad del albergue y un presupuesto de apenas RD$200 mil reembolsables.

“Desde el inicio del trabajo de la Unidad, hemos contado con la ayuda y el apoyo económico de la Fundación Mi Mascota, y desde unos meses con el Grupo Rescate; aún así, a veces tenemos ciertos apuros porque son demasiados los casos de animalitos rescatados en pésimas condiciones de salud y física, cuya recuperación cuesta. Siempre hemos contado con algunas de las clínicas veterinarias lo que nos permite poder socorrer mayor cantidad de animalitos callejeros”, dice.

Ayuntamientos no responden

Ninguno de los gobiernos locales ha cumplido con la habilitación de casas albergues provinciales como lo dispone la ley. Tampoco funciona la Unidad de Protección Animal de la Policía Nacional.

“Uno de los grandes escollos es que el jefe de la Policía luego de una reunión que sostuvimos, creó la Unidad de Protección Animal de la Policía Nacional, nombrando en el cargo al coronel Luis Taveras, pero no se ha creado realmente un cuerpo que disponga de medios de transporte, camioneta, motores, combustible, que podamos llamar a esa unidad no importa la jurisdicción; casi lo mismo pasa con la Unidad que represento, a la cual le falta personal, vehículos, y que se nombre en la fiscalía de cada pueblo, provincia o municipio, aunque sea un representante de la Unidad de Protección Animal del Ministerio Público”.

En el futuro Lois pretende organizar visitas de colegios y niños discapacitados al albergue.

Cabildo San Cristóbal los usa para recoger basura

La ley también hace especial énfasis en la protección de los animales de tiro y carga. En su artículo 30 prohíbe el arrastre de carretas en la venta de productos comestibles, así como el traslado de ajuares en los centros urbanos. Y aunque a la fecha, la Unidad ha decomisado 160 caballos, todavía se les puede ver en algunas vías de la capital, como parte de un cruel negocio de alquiler a cargo de desaprensivos que los someten a largas jornadas de trabajo, sin comida, y que suelen terminar con sus vidas tras ser explotados. La fiscal afirma que aunque se ha hecho un gran esfuerzo, aun queda un trabajo importante por realizar en la provincia de San Cristóbal, donde el ayuntamiento que está llamado a hacer cumplir la ley, es su principal infractor al usar los caballos para recoger la basura.