SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ordenó al abogado del Estado y el procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria elaborar sendos informes sobre el historial de los terrenos que ocupan el vertedero de Duquesa y el sector de Los Tres Brazos, ubicados en los municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, respectivamente, y que fueron vendidos a empresas privadas.
Además del abogado del Estado y el procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, la comisión estará conformada también por el director nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano, y Laura Guerrero Pelletier, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, quienes deberán presentar los resultados del informe, con sus respectivas recomendaciones, en un plazo no mayor de 150 días.
En una comunicación de prensa, el procurador Jean Rodríguez explicó que con esta medida se busca obtener información completa y veraz que permita al Ministerio Público determinar en forma preliminar si en las operaciones de cualquier tipo realizadas con los referidos inmuebles, existe algún vestigio de actuación dolosa.
Sobre los terrenos Duquesa, la empresa Lajun, concesionaria de la administración de Duquesa, dice tener la propiedad de los terrenos basada en un contrato de venta que habría hecho el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y que, según legisladores, no ha sido aprobado en el Congreso.
La Corporación de Empresas Estatales (CORDE) ha confirmado que vendió también parte de los terrenos del sector Los Tres Brazos a la empresa Inversiones Fernández Parache & Asociados SRL (INFEPA) por 80 millones de pesos. El director de CORDE, Leoncio Almánzar, dice que, “como propietaria de un activo y para su enajenación”, esa institución está facultada por la ley a no buscar la aprobación del Congreso Nacional.
El procurador Jean Rodríguez afirmó que con los reportes que haga la comisión designada para investigar se podría decidir sobre la pertinencia de iniciar acciones penales, según corresponda en cada caso, por ante la instancia judicial competente.
Indicó también que debido a que las transacciones efectuadas respecto a ambas propiedades provienen de hace varios años, se hace prudente reunir con el debido cuidado la información que las soporta, para lo cual los comisionados deberán obtener y evaluar documentación, realizar entrevistas y otras diligencias afines.
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