Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) conoció el recurso de acción directa de inconstitucionalidad que interpuso la Cámara Nacional de Transporte Terrestre (CANTT) en contra del artículo 101 de la ley 63-17, por considerar que es violatorio de la Carta Magna y atenta contra el derecho al trabajo.En el referido artículo, se establece que el conductor del transporte público de pasajeros deberá acreditar una escolaridad mínima equivalente a educación básica y contar con un mínimo de 21 años de edad y un máximo de 65 años.
Los recurrentes indicaron que lo contemplado en ese artículo es discriminatorio, especialmente por razones de edad y que pareciera que a los organismos competentes se les ha olvidado la parte del rostro humano cuando proponen leyes.
“Entendemos que esta acción procura de manera esencial producir dos acciones: o que sea excluido este artículo de la ley o de lo contrario, que el Ejecutivo identifique los fondos necesarios para que los transportistas puedan retirarse de manera digna a sus hogares y recibir una pensión”, señaló el director ejecutivo de la CANTT, Guillermo Estévez.
Frente a esto, el presidente del TC, Milton Ray Guevara, explicó en audiencia que en el fondo se está juzgando el artículo 101 de la Ley 63-17, en el contexto de la ponderación y en análisis del TC, “aquí no hay una persona acusada, ni una víctima, en consecuencia el carácter y la función pedagógica del TC tiene que ponerse de manifiesto una vez más”, dijo.
Señaló que los jueces del TC tienen que velar por la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales y ordenó plazos para que las partes presenten sus conclusiones.
Durante la audiencia de ayer, también se conocieron otros ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, los cuales fueron declarados en estado de fallo.
Los recurrentes indicaron que lo contemplado en ese artículo es discriminatorio, especialmente por razones de edad y que pareciera que a los organismos competentes se les ha olvidado la parte del rostro humano cuando proponen leyes.
“Entendemos que esta acción procura de manera esencial producir dos acciones: o que sea excluido este artículo de la ley o de lo contrario, que el Ejecutivo identifique los fondos necesarios para que los transportistas puedan retirarse de manera digna a sus hogares y recibir una pensión”, señaló el director ejecutivo de la CANTT, Guillermo Estévez.
Frente a esto, el presidente del TC, Milton Ray Guevara, explicó en audiencia que en el fondo se está juzgando el artículo 101 de la Ley 63-17, en el contexto de la ponderación y en análisis del TC, “aquí no hay una persona acusada, ni una víctima, en consecuencia el carácter y la función pedagógica del TC tiene que ponerse de manifiesto una vez más”, dijo.
Señaló que los jueces del TC tienen que velar por la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales y ordenó plazos para que las partes presenten sus conclusiones.
Durante la audiencia de ayer, también se conocieron otros ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad, los cuales fueron declarados en estado de fallo.
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