El Ministerio Público informó que apelará la medida de tres meses de prisión preventiva impuesta en La Vega a Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, por considerar que hay pruebas suficientes que establecen su vinculación con el narcotráfico por lo que piden se le imponga 18 meses.
El imputado deberá cumplir prisión en la cárcel pública Concepción de La Vega, mientras que a los demás imputados les impuso medidas no privativas de libertad.
El tribunal impuso a cada uno de los hijos de Miguel López, los imputados José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como a su cuñada Ada María Pilarte, pagar un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de un grillete electrónico, mientras que a su empleado José Antonio Román, le fue impuesta una garantía económica por RD$10 mil en efectivo e impedimento de salida al exterior.
En el portal web de la Procuraduría General de la Republica, además, indica que no se no acogió la solicitud de declaratoria de complejidad del proceso y que no se valoró adecuadamente las vinculaciones de los imputados al narcotráfico.
El Misterio Público considera que las evidencias presentadas ante el tribunal establecen claramente que se trata de un caso de criminalidad organizada por la pluralidad de imputados, por lo que se requiere de un plazo más amplio para investigar un “complicado entramado societario utilizado para el blanqueo de capitales”.
Miguel Arturo López Florencio es propietario desde el 29 de febrero del 2000 de la empresa Agromiki, dedicada a la comercialización, administración, importación, exportación de productos y servicios agropecuarios en general.
El Ministerio Público allanó la residencia de López Florencio y su esposa, la actual diputada de la circunscripción 1 de La Vega por el PRM, Rosa Amalia Pilarte, a quienes les ocuparon varios bienes en los que se encuentran vehículos de lujo y helicópteros
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