En 2018, José Alejandro Vargas Guerrero planteó, durante su participación en la entrevista de postulantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que un ciudadano no puede reclamar garantía de derecho cuando está en falta.
Este planteamiento lo estableció luego de ser cuestionado por uno de los miembros del CNM al ponerle un ejemplo de cómo actuaría si en un momento dado un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) detiene a un conductor por no portar el cinturón de seguridad al momento de desplazarse mientras otros diez también presentaron el mismo inconveniente y no fueron detenidos.
Aunque indicó que en ese caso lo que se evidencia es un caso de irresponsabilidad de los ciudadanos ya que es obligatorio el uso del cinturón y evidentemente el detenido andaba sin el mismo y hay que multarlo.
Además, agregó que es una responsabilidad del agente de no haber multado a los demás que no cumplen con la Ley ya que “sí la Ley dice que es a todo el mundo él (agente) tiene que asumirlo”.
Sobre prisión preventiva
En la intervención también resaltó que las medidas de coerción deben de ser proporcionales con el bien jurídico que se trata de resguardar, aunque consideró que la persona conozca su juicio en libertad.
Con referencia al tema, Vargas dijo que en República Dominicana no se puede vivir de espalda a una realidad ya que en 2018 se comenzó a organizar el sistema de identificación del ciudadano y que hasta la fecha habían muchas personas que no se podía controlar su paradero, razón por la cual consideró que la medida cautelar es necesaria si lo requiere aunque si puede dejar el imputado en libertad, se debe dejar.
En ese momento también consideró que no habría manera de restringir el peligro de fuga o de que el imputado constituya un peligro público porque puede distraer pruebas y entorpecimiento de investigación, motivo por el cual se debe de tomar la decisión para resguardar los puntos antes mencionados y sobre todo para garantizar de que el imputado se presente en todos los actos del proceso.
Entrevista 2017
En 2017, cuando José Alejandro Vargas Guerrero, juez de coordinación de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, en ese entonces, fue entrevistado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar una de las posiciones del Tribunal Constitucional, durante la misma anunció su retirada de la postulación por “la desconfianza que los miembros” le tenían.
“Señor presidente, señor presidente oiga cual es mi criterio: si ustedes no me tienen confianza yo no puedo aceptar esa posición; puede ser la gloria pero si no hay esa confianza es irrevocable esa posición”, dijo Vargas a los miembros del CNM en presencia del presidente de turno en ese momento, Danilo Medina.
En su exposición libre de cinco minutos el juez dijo haber participado para disculparse por la desconfianza que había generado en cada uno de ellos y darles las gracias por permitirles su participación.
Luego de que Vargas expresó su parecer el Procurador General de la República, en ese momento, Jean Alain Rodríguez, le aclaró que no era desconfianza sino que no cumplía con los requisitos necesarios para ocupar la posición.
Entrevista 2019
En 2019 José Alejandro Vargas Guerrero, juez de coordinación de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional valoró como un “gran problema” el recurso de recusación en los juicios por parte de los abogados.
Esta valoración surgió luego de que Frank Eulices Soto Sánchez, juez de la Suprema Sorte de Justicia en ese momento, le pidió que expusiera su opinión sobre el recurso de recusación que en años anteriores duraba más tiempo ya que los abogados la usaban para retrasar los procesos.
Sin embargo, Soto Sánchez, en 2019 señaló que este recurso se utilizaba como un “deporte nacional en los tribunales del país” haciendo referencia a los abogados, quienes recusaban toda una corte sin consecuencia.
Acto muy común el año pasado, sostuvo.
Aunque indicó que el tiempo que se toman las recusaciones por parte de los abogados ha cambiado mucho no obstante en el artículo donde se plantea la recusación lo dejaron “abierto prácticamente”.
José Vargas fue cuestionado sobre si se pudiera dar el caso de que el recurso de recusación fuera limitado o si se pudiera buscar un mecanismo de consecuencia para los abogados que recurran al mismo ya que considera que es un ejercicio temerario e irrespeto al juez.
“Esto es un gran problema y surge porque la Ley no le puso limites; la Ley debió de ponerles límites y no solamente a la recusación sino a la revisión”, expresó al acceder a dar respuesta con su posición.
Además, indicó que conoce casos de jueces que los han recusado muchas veces, citando un caso de su conocimiento.
“Ahí hay un caso de una jueza que la han recusado como 14 veces y yo le he dicho pero fulana si ya tú entiendes que no vas a conocer ese proceso inhíbete y sal de eso”, precisó.
También señaló que en el país llegará un momento en que “si nosotros no tomamos los correctivos de lugar el presupuesto nacional no va a dar abasto para nosotros darles respuesta a las demandas y procesos judiciales”.
Explicó que cada proceso al Estado dominicano le sale a más de 200 mil pesos.
“Yo implementé los juicios penales abreviados desde la atención permanente porque cada vez que yo puedo resolver un problema mediante un juicio penal abreviado le estoy ahorrando al Estado cerca de 200 mil pesos”, detalló.
En 2021
En su última presentació ante el Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar un puesto como miembro del Tribunal Constitucional, puesto que ganó, el magistrado hizo referencia al momento de su participación, que espera que el cambio de silla también le hiciera cambiar de suerte, esto en referencia a los años que se ha sentado frente al CNM, aspirando a varias posiciones y no ha sido posible.
Vargas sugirió al Poder Ejecutivo que incluyan las multas por violar el toque de queda en la próxima solicitud de estado de excepción.
El magistrado realizó esta recomendación al ser abordado por el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas, sobre una propuesta para sancionar las violaciones al toque de queda.
“Es simplemente que cuando el presidente de la República envíe al Congreso Nacional la solicitud del Estado de Emergencia, en esa misma solicitud, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo puede establecer ahí esas sanciones y si quieren que se impongan multas, que sean las que sugiere el Ministerio de Salud y la Procuraduría”, indicó el juez.
Asimismo, expresó que la medida debe ser transitoria, puesto que para establecer una sanción por la omisión al toque de queda requeriría de “un estudio más consensuado”.
El juez mostró su preocupación ante la declaración de la Procuraduría General de la República de que se llevaría ante los Juzgados de Paz a los infractores del toque de queda porque luego se podría adjudicar a los jueces el crecimiento de los contagios.
José Alejandro Vargas asegura posee las características necesarias para formar parte de los jueces que conforma el Tribunal Constitucional, al cual aspiraba.
Hace dos años, el juez aspiró a formar parte de la Suprema Corte de Justicia pero declinó al ser objetado por tres de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
El magistrado se mostró seguro antes de presentarse ante el consejo y dijo tener la edad, la experiencia y la sensibilidad social para integrar el TC.
Vargas destacó la necesidad de la creación de instituciones que establezcan consecuencias sobre quienes desacatan sentencias de los distintos tribunales.
El magistrado considera que existe un grave problema de desacato de sentencias emitidas por los tribunales dominicanos.
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