El mayor general Adán Cáceres Silvestre y los cuatro implicados en el caso Coral que cumplen prisión preventiva fallaron el segundo intento en búsqueda de su libertad.
Por decisión de la jueza Keyla Pérez Santana, Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el cabo Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro Montero Cruz, seguirán recluidos en la cárcel Najayo.
Los imputados llevan tres meses presos. Este viernes la magistrada Pérez Santana, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le revisó la medida de coerción por primera vez.
Con respecto al mayor Raúl Girón, también se le mantuvo el arresto domiciliario que cumple bajo la custodia de la Procuraduría, pues pidió que se le mantenga.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que hay nuevas pruebas contra los imputados.
Entre ellas, unas armas ocupadas durante las pesquisas que no tienen registro de ingreso a la República Dominicana, lo que agrega al caso el delito de tráfico de armas.
Dijo, además, que hay evidencias sobre destrucción de pruebas en el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), de donde supuestamente los imputados desviaron fondos, y pagos millonarios que se hicieron a empresas que simularon suplir bienes.
"La investigación ha avanzado y se presentaton nuevas pruebas que agravan la situación de los imputados, por las cuales se mantuvo la medida", expresó Camacho.
Ante la decisión de la jueza, el abogado de la pastora Guzmán aseguró que su clienta está en una prisión ilegal pues dijo debieron revisarle la medida de coerción el 10, día en la cual la audiencia fue aplazada para hoy.
El jurista Héctor López Rodriguez manifestó que los jueces tienen miedo al Ministerio Público, que se dejan presionar y le acogen todos sus pedimentos.
Mientras, Israel Rosario, abogado sargento Montero Cruz, indicó que esta decisión es injusta y va a recurrir en apelación desde que sean debidamente notificados.
Sobre presión a los jueces en caso Coral
Sobre la supuesta presión a los jueces, Camacho dijo que lo único que hay en este proceso es una gran cantidad de pruebas.
El procurador adjunto aseguró que las evidencias son abrumadoras para la defensa, que, precisó, no ha podido presentar nuevos argumentos para que le varíen la medida de coerción a los encartados.
La primera vez que los imputados, exceptuando a Girón, fallaron en su búsqueda de libertad fue en junio cuando apelaron a la prisión preventiva que se le impuso en mayo pasado.
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Cáceres Silvestre, quien era director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), creó junto a los otros imputados un entramado que desvió más de 3 mil millones de pesos de entidades castrenses.
Las pesquisas arrojaron que cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Para crear la red criminal, y desviar el dinero público, Cáceres Silvestre supuestamente constituyó un entramado junto a la pastora Rossy, quien era, además, asimilada de la Policía Nacional.
El coronel policial Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cestur; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y otros investigados para distraer el dinero y ocultarlo.
El desvío de los fondos, indican las pesquisas, consistía en lo siguiente:
- Distraían millonarios fondos de los viáticos
- Compra de combustibles
- Las raciones alimenticias
- E inteligencia
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