Procuraduría: seguirá allanando por caso Falcón

 

Los 23 imputados de la Operación Falcón mientras son trasladados desde la cárcel preventiva en el Palacio de Justicia de Santiago hasta el tribunal donde se le conoce medida de coerción, FOTO Alex Reynoso

La Procuraduría General de la República informó hoy que continuará con los allanamientos a negocios y establecimientos vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón.

Aunque no cuantificó ni dio detalles de las últimas pesquisas, la PGR, explicó que trabaja día y noche para someter a la justicia a todo el que esté implicado a la red, a la que según informe provisional se le ha ocupado más de 10 mil millones de pesos.

“Estamos trabajando diario”, explicó de forma lacónica la procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien lleva a cabo una titánica labor anticorrupción.

A la red Falcón se le han ocupado estaciones de combustibles, fincas, lujosos apartamentos, yates, un barco y autos de alta gama, entre otros bienes muebles e inmuebles.

Esta noche el Ministerio Público depositará la solicitud de medida de coerción contra dos primos hermanos de Erick Randhiel Mosquea Polanco, uno de los cabecillas de la red que desmanteló el MP mediante la Operación Falcón.

Se trata de los hermanos Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many), residentes en dos torres de apartamentos de Cerro Hermoso y Los Álamos, de Santiago, quienes se entregaron a la fiscalía de esa jurisdicción.

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Ambos forman parte de la estructura criminal desmantelada con la Operación Falcón y, al igual que Erick Randhiel Mosquea Polanco (Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite), eran perseguidos por el MP.

También se encuentran imputados los padres de los encartados que se entregaron, Rafael Alberto De Jesús y Delfina Asunción Polanco. Este núcleo familiar fungía de administrador de Inversiones Inmobiliaria De Jesús, S.R.L. y de Inversiones El Prieto, propiedad de Erick Randhiel Mosquea Polanco, así como de Farmacia Fireli, entre otros negocios de la red criminal, conforme a la investigación del Ministerio Público.

Este lunes la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, conocía la medida de coerción para la mayor parte de los imputados que están bajo arresto.

Hasta el momento encuentran preso Juan Carlos Mosquea Eduardo, Enerio Rafael Sandoval Valdez, María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.

También, contra José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.

La Operación Falcón deriva de una amplia investigación que durante casi un año llevó a cabo la gestión de la procuradora Miriam Germán Brito, a través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

Los arrestados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado y la cooperación internacional, serán llevados a la justicia por la fiscalía de Santiago, que dirige Osvaldo Bonilla, ya que sus principales implicados tenían como base de operación esta provincia de la región norte del país.

La red de lavado desmantelada por la Operación Falcón realizó cuantiosas inversiones con dinero obtenido durante años por una amplia estructura criminal que introdujo a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa miles de kilos de cocaína desde 2012.