El Estado reclama indemnización por dinero sustraído en el caso Coral La decisión del Estado fue anunciada ayer por los juristas José Alberto Ortiz y Rafael Rivas Solano.

 

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  Parte de los encartados en el expediente del caso “Operación Coral”, durante un momento de su conducción a audiencia. /ARCHIVO

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

El Estado dominicano se ha constituido, a través del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, en querellante y actor civil en contra de los implicados en el caso Coral.

Esto fue lo que informa­ron ayer los abogados Jo­sé Alberto Ortiz y Rafael Rivas Solano, quienes dije­ron que, más adelante, se­ñalarán el monto que será reclamado para fines de lo­grar una indemnización por concepto de daños y perjui­cios sufridos por el Estado dominicano, en su condi­ción de víctima,

El sometimiento en contra de los encartados por el en­tramado de corrupción ata­cado por el ministerio pú­blico se produjo a través de un poder otorgado por el Estado a los abogados del Equipo para la Recupe­ración del Patrimonio Pú­blico, para reclamar las in­demnizaciones civiles.

Los encartados.
La querella fue interpuesta en contra el general Adán Cáceres Silvestre, la pasto­ra Rossy Guzmán Sánchez, el teniente coronel de la Po­licía, Rafael Núñez de Aza; el cabo policial e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargen­to Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejérci­to, Raúl Alejandro Girón Ji­ménez.

Asimismo, se informó que el Estado requirió medi­das de coerción real, con­sistentes en hipotecas ju­diciales provisionales y embargos en contra de to­dos los imputados y enti­dades, así como el levanta­miento del velo corporativo y declaratorio de conjunto económico de las entidades que formaron parte del en­tramado.

Por otro lado, el juez del Primer Juzgado de la Ins­trucción del Distrito Nacio­nal, Raymundo Mejía, dis­puso el mantenimiento en prisión de los implicados en el caso Coral, recluidos en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo-Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

El magistrado tomó la de­cisión tras acoger un pedi­mento presentado en ese sentido por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecu­ción de la Corrupción Ad­ministrativa (Pepca) y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Intentos fallidos
Desde que le fue impues­ta la prisión preventiva, el grupo ha intentado, sin éxi­to, obtener la libertad en diferentes instancias, ya que tanto en las revisiones obligatorias en los juzgados de la instrucción como en la Corte de Apelación del Dis­trito Nacional la medida le ha sido ratificada.

El grupo está involucrado en delitos de asociación de malhechores, estafa con­tra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documen­tos públicos, lavado de ac­tivos provenientes de actos de corrupción y porte y te­nencia ilegal de armas de fuego.

DATOS
Áreas operativas
El entramado crimi­nal desmantelado por la “Operacion Coral” de­sarrollaba sus activida­des delictivas en el Cuer­po de Seguridad Presi­dencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Ces tur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.

“Operación Coral” ini­cio con 27 allanamien­tos en el Distrito Nacio­nal y las provincias San­to Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Pla­ta y Samaná donde, presuntamente, desa­rrollaban sus acciones fraudulentas los preve­nidos.