Un año de prisión a imputados caso Iguana

 

El tribunal de Atención Permanente de la provincia Independencia impuso ayer un año de prisión preventiva contra un inspector de la Dirección General de Migración, un  coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas,  un empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y otras dos  personas más vinculadas al tráfico  ilegal de personas, apresados mediante la Operación Iguana.

El juez de la Instrucción de Jimaní, Paco Terrero Pérez, impuso la medida de coerción contra Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní;  Johan Rosario Castillo, inspector de Migración, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz y  Juan Mateo Feliciano (Yefo), quienes  deberán cumplir un año de prisión preventiva en la cárcel de Neiba.

También, Deivi Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

En tanto que a Dominga Guzmán, madre de uno de los imputados,  le fue impuesta medida de coerción consistente en presentación periódica.

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El juzgado acogió la solicitud de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y declaró el caso Iguana de tramitación compleja.

La PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán, desarrolló la Operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Baoruco y  Pedernales.

En las audiencias de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Belkis Ulloa y  Wendy González, procuradora general titular de la Procuraduría Regional de Barahona. También por la fiscal Aleika Almonte, de la PETT, y Alexis Piña y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Durante la operación, el Ministerio Público arrestó a los involucrados en la red de tráfico de inmigrantes y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.

El desmantelamiento de la red se llevó a cabo en el marco de la investigación del caso La Placa, por el que el 8 de diciembre  pasado fue arrestado en flagrante delito Deivi Novas Reyes, quien transportaba de manera ilegal a una cubana con su hija de siete años a bordo de una moto.

La PETT, apoyada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, inició una investigación contra la estructura criminal dirigida por los imputados Roberto Méndez Pérez (o Robert Méndez) y Johan Rosario Castillo, quienes cometieron delitos  aprovechando su condición de empleados de Migración.

Ambos ejecutaron las acciones en coautoría con el servidor público Deivi Nova Reyes y los imputados Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán y Juan Mateo Feliciano en perjuicio de la integridad personal y libertad de ciudadanos extranjeros, la seguridad del Estado dominicano y la correcta administración pública.

Según consta en la solicitud de medida de coerción, además del tráfico de personas y la recepción de sobornos,  Méndez Pérez distrajo el dinero y las evidencias que colectaron las agencias de seguridad del Estado, en ocasión de arrestar a personas por la comisión del ilícito de tráfico de personas.