Más de 256.4 millones de pesos fueron retenidos a los trabajadores del Metro, y no entregados a DGII y al Fopetcons Las acciones de la Opret, en la gestión de Diandino Peña, con relación a las retenciones dejadas de pagar al fisco, transgreden la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.

Trabajadores en la construcción de túnel para el Metro de Santo Domingo.  ....Entre las cuarentas irregularidades financieras detectadas por la Cámara de Cuentas en la auditoría realizada a la construcción de la línea B-2 del Metro de Santo Domingo, están las retenciones de impuestos dejados de pagar al fisco y a fondos de pensiones de los trabajadores de la construcción por valor de RD$ 256, 442,86, esto ocasionó que una de las entidades afectadas embargara las cuentas personales de Diandino Peña y las de Opret en 2013.

En la revisión a los registros contables de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) donde están los montos deducidos acumulaciones, los investigadores encontraron que, al 31 de diciembre de 2017, la entidad hizo retenciones proveedores de bienes y servicios y a empleados de la institución, que nunca fueron transferidos a las entidades correspondientes.

En el informe de 370 páginas de la Investigación Especial, los auditores confirmaron que la Opret acumuló deducciones por la suma de RD$ 128,182,682, por concepto del 1% ( uno por ciento) que exige la Ley 06-86, que crea el Fondo Común para Servicios Sociales, Pensión y Jubilación para los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons)

Por los fondos distraídos, dice la querella, la entidad sometió a la Justicia al ingeniero Diandino Pena y embargó las sus cuentas personales y la de Opret. Tanto el ingeniero Peña como la Opret, resultaron condenados en la Primera Sala Penal del Tribunal Superior Administrativo, mediante la sentencia 0459 del 15 de enero de 2015, por violación de acuerdo con el Fopetcons, organismo al que se le adeudaba en ese momento la suma de RD$155 millones por concepto de la retención del 1 % en la construcción de la línea B-2 del Metro.

La auditoría que recoge el periodo de 2013-2017 dice en el informe definitivo que la Opret también retuvo a contratistas, funcionarios y trabajadores, la cantidad de RD$ 121,540,605 por concepto del 5% (cinco por ciento) del Impuesto Sobre la Renta, que tampoco fue entregado a la entidad recaudadora.

La Dirección General de Impuestos Internos, según los papeles de la investigación, fue igualmente afectada por las evasiones fiscales cometidas por las autoridades anteriores, que dejaron de pagar impuestos retenidos por la suma de RD$6,719,575.

Las acciones de la Opret, en la gestión de Diandino Peña, con relación a las retenciones dejadas de pagar al fisco, transgreden la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana, que en su Artículo 310 establece lo siguiente:

"Las personas o entidades obligadas a efectuar la retención informarán a la Administración el monto de los impuestos que hubieren retenido y pagarán éstos por cuenta de los contribuyentes respectivos en la forma y en el plazo que ésta establezca. Deberán informar, además, las sumas de dinero que se paguen giren o acrediten a sus beneficiarios aun cuando dichas sumas no estén sujetas a retención.”

En marzo de 2021, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogó al exdirector de la Oficina Para el Reordenamientos de Transporte, Diandino Peña, con relación a denuncias de supuestos actos de corrupción en la construcción del Metro de Santo Domingo.

Anteriormente, en 2020 el ingeniero Peña y un grupo de exfuncionarios del primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2020) fueron sometidos por estafa al Estado por el monto de RD$ 420 millones, a través del Programa de Evaluación Mínimo de Empleos (Peme), fue liberado en 2002 tras pagar una fianza de 5 millones de pesos y posteriormente en 2007, cuando el presidente Leonel Fernández de nuevo gobernaba, fue descargado mientras se empeñaba como director general de la Opret.

Ahora el hombre de confianza de Leonel Fernández podría enfrentar nuevos cargos penales por delitos vinculados a la corrupción administrativa, al incurrir en supuestos manejos irregulares por más de RD$ 30 mil millones en la construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, según el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas practicada a la Opret (2013-2017)..DE ACENTO.COM.DO