El grupo empresarial estadounidense Transcore LP y su empresa socia en República Dominicana Transcore Latam anunciaron hoy que iniciarán acciones legales contra el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, por la suspensión del contrato de instalación de semáforos inteligentes y cámaras en el Gran Santo Domingo.
A través de su abogado Carlos Balcácer, dichas empresas dijeron que también someterán a la justicia a los empresarios extranjeros Ricardo Echandi y Carlos Ariel Zavala por difamación y daño a su imagen y reputación, a raíz del contrato suscrito con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), para la mejoría del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.Expresaron que ambos empresarios están implicados en actos que atentan contra la ética comercial y la ley y que presuntamente han conspirado para interferir en procesos vitales para la mejora del tráfico vehicular en República Dominicana.
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Balcácer sostuvo que en las declaraciones emitidas a la opinión pública nacional por Pimentel, anunciando la suspensión del referido contrato, el mismo afirmó que una parte importante de la documentación que lo avala es falsa, lo cual el jurista negó rotundamente y presentó el original notarizado en Estados Unidos y debidamente apostillado.
“Esa documentación que de forma irresponsable el señor Pimentel la bautizó como falsa, al margen de que él la tiene en su despacho y en el portal transaccional porque está incluida en el pliego, nosotros la tenemos aquí en original. Es una documentación original, firmada, sellada y refrendada por los responsables explicando la larga data profesional de Pedro Padovani, gerente de Transcore Latam, y que podía firmar con el INTRANT”, explicó Balcácer.
Dijo que eso no se quedará así, por lo que aseguró que Pimentel tendrá que ir a un tribunal represivo del Distrito Nacional a responder.
Manifestó que esta clase de comportamientos de Pimentel “lo único que procura es desalentar la inversión extranjera”.
Dijo que eso pone en duda la seguridad jurídica de la República Dominicana que tanto necesita el país y el propio Gobierno dominicano”.
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