Ángel Martínez / Foto: Guillermo Burgos, del Grupo de Comunicaciones Corripio
La defensa de Ángel Martínez recusó al juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien tenía previsto conocer este lunes la solicitud de medida de coerción en su contra, tras la querella por difamación e injuria interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Según explicó su abogado, Carlos Mesa, la recusación se basa en que fue el propio juez Mejía quien declaró en rebeldía a su cliente, lo que motivó su arresto al llegar al país a bordo de un crucero.
A raíz del recurso interpuesto, la audiencia fue aplazada sin fecha definida, en espera de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional conozca y decida sobre la recusación.
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Sobre la querella
La ministra de Interior y Policía acusa a Ángel Martínez de difundir declaraciones falsas, denigrantes y maliciosas en su contra, a través de plataformas de acceso público como YouTube y la red social X (antes Twitter).
«Entre sus afirmaciones más lesivas, se incluyen imputaciones de vínculos con el narcotráfico, la acusación de proporcionar protección policial a un presunto criminal, y la amenaza pública de divulgar materiales audiovisuales de carácter íntimo supuestamente pertenecientes a la querellante, lo que constituye una afrenta directa contra su dignidad, reputación, honor, vida privada y estabilidad emocional. Estas manifestaciones se realizaron de forma reiterada, con total desprecio por la verdad y con el claro propósito de causar descrédito público y daño irreparable a su imagen como figura política y como ciudadana», afirma Faride Raful.
De igual forma, por los daños y perjuicios que le habrían sido causados como consecuencia del tipo penal cometido en su contra, la exsenadora y exdiputada solicita que Ángel Martínez también sea condenado al pago de Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos (RD$50,000,000.00).
Además, Faride Raful solicita que se le reserve el derecho de aportar nuevas evidencias y adicionar nuevos cargos contra los imputados durante toda la fase preparatoria.
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