El Ministerio Público reveló el modus operandi de la presunta red delictiva integrada por militares y civiles, la cual fue desarticulada mediante la Operación Lobo, que incluyó la ejecución de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
La «estructura criminal», según afirmaron las autoridades, se apoyaba en la distribución de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas. Entre las entidades afectadas figuran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Imputados en la Operación Lobo
Asimismo, el órgano persecutor identificó como imputados en la Operación Lobo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como a los coroneles de esa institución Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
A la lista de apresados también se suman el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz, y el señor Bolívar Nicolás Fernández Espinal. El grupo se encuentran bajo arresto y a la espera de que un tribunal les conozca la solicitud de medida de coerción.
«En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal», se informó a través de un comunicado.
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Acciones e investigación
En la Operación Lobo participaron 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional, para enfrentar la red que habría afectado a las referidas instituciones del Estado.
La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Además, explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
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