SeNaSa
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) informó este miércoles que la actual Operación Lobo, ejecutada por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), «no guarda relación con la presente gestión institucional encabezada por el doctor Santiago Hazim».
Así lo dio a conocer la institución a través de un comunicado.
No obstante, la entidad dio a conocer que en estricto cumplimiento de los principios de legalidad, colaboración institucional y transparencia, SeNaSa, por disposición expresa de su director ejecutivo, ha estado y continúa a entera disposición de las autoridades competentes para entregar cualquier información requerida en el marco de dicha investigación.
«En ese sentido, se considera pertinente aclarar que la empresa de seguridad actualmente objeto de investigación prestó servicios a esta entidad únicamente hasta el año 2019, mediante un proceso de licitación pública debidamente sustentado conforme a las normativas vigentes», aseguró.
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La entidad dijo que las operaciones institucionales bajo la actual gestión se han conducido con absoluto apego a la legalidad, la ética y los principios de transparencia que rigen la administración pública dominicana.
«Reafirmamos nuestro compromiso con una gestión íntegra, orientada a la protección de los recursos públicos y al cumplimiento riguroso del marco normativo que regula los procesos administrativos del Estado», manifestó.
Concluyó en que reiteran su plena disposición de colaboración con cualquier proceso de investigación que desarrollen las autoridades correspondientes, y subrayamos que esta administración no mantiene vínculo alguno con los hechos señalados en la referida operación judicial.
Sobre el operativo Lobo
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo contra una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.
Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), al el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

La Dirección General de Persecución y la Pepca adelantaron que la investigación, que llevó al arresto de 14 personas, inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.


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