JCE pide a CIDH rechazar acusación contra el Estado DICE DEMANDANTES INCOARON RECURSOS EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reunión. La comisión de la JCE expone su posición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA.                                                                                                                                                                    

Washington DC La Junta Central Electoral (JCE) pidió ayer aquí a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) no ponderar la solicitud de medidas cautelares a favor de 48 personas de ascendencia haitiana que acusan al Estado dominicano de haberle negado su identidad, debido a que esas mismas personas han incoado recursos de amparo por ante el Tribunal Constitucional Dominicano, que en la actualidad están en estatus de no concluidos.

La petición fue hecha por una comisión del organismo electoral, encabezada por la doctora Rosario Graciano, miembro de la JCE, en una reunión de trabajo convocada por la CIDH para recibir información sobre el caso, debido a que las 48 personas que dicen ser afectadas solicitaron a esta comisión la disposición de medidas cautelares mientras el Tribunal Constitucional (TC) emita su fallo.

La comisión de la JCE que expuso los argumentos  junto al embajador permanente de República Dominicana ante la OEA, Roberto Saladín, precisó que en el país se están conociendo procesos de revisión por ante el TC, y que los resultados pudieran ser contradictorios a las decisiones que pueda tomar la comisión.

“Por lo que solicitamos  tenga a bien ponderar que ninguno de los actuantes reclamantes han sido turbados en sus derechos; que ejercieron su acción en primer grado, que lo están haciendo en segundo grado, que ejercen el derecho al tránsito, a la educación, a la libre reunión, y como muestra están las manifestaciones que han realizado en las últimas horas protegidos y amparados en el derecho interno”, precisó Graciano.

Estableció a la CIDH que de acoger la solicitud de medida cautelar “innecesaria”, no aportaría nada a la expresión  libre y legítima de los reclamantes ni del Estado, y que en cambio obraría en contrario a lo que establece el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sentido para que una comunicación o petición presentada sea admitida, respecto a las actuaciones de esa comisión, se requiere “que se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”.

Al respecto, el comisionado de la CIDH, Felipe González, tomó la palabra para advertir a la comisión de la JCE que el organismo podría tomar la decisión de disponer medidas cautelares y que eso no contraviene las leyes dominicanas ni afecta en nada a la sentencia que pueda emitir el Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo interpuesto por las 48 personas que dicen ser afectadas. 

LOS DEMANDANTES Y LAS RÉPLICAS DEL PAÍS
En la reunión de trabajo estuvieron abogados representantes de los demandantes, entre ellos Manuel de Jesús Andrés, Roberto Antuán y Genaro Rincón, quienes bajo la asesoría del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia de los Derechos Humanos, insistieron en que les han convertido en apátridas, que no es cierto que República Dominicana haya avanzado en el Registro Civil, que les niegan el derecho a la salud, que corren el riesgo de ser deportados, y que todo eso constituye una discriminación burda. 

La JCE negó la acusación precisando que esas personas tienen acceso a la educación, salud, libre tránsito y a los demás beneficios que disfrutan los ciudadanos dominicanos.