SANTO DOMINGO. República Dominicana.–La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó como “grave” el hecho de que la Policía Nacional se tome la libertad de hacer justicia por su propia cuenta al eliminar físicamente a muchos de los presuntos delincuentes que persigue como sospechosos de matar a alguno de sus agentes.
“Estos hechos los valoramos como grave y un atentado al Estado social y democrático de derecho, pues creíamos que situaciones de esta naturaleza correspondían al pasado, pero se están repitiendo ahora en el presente”, dice el presidente de la CNDH, Manuel Marías Mercedes.
El activista se refirió al análisis que hico Acento.com.do a la lista de 29 agentes caídos desde 2011 a los que la Policía Nacional promueve en un afiche como “Víctimas a manos de criminales”.
En al menos ocho de los casos promovidos en el anuncio la Policía mató a 13 presuntos delincuentes. Mercedes entiende que esto demuestra de manera clara que la uniformada incurre en “ejecuciones extrajudiciales” y aplica la Ley del Talión para cobrarpor la vida de sus agentes con la máxima “Ojo por ojo, diente por diente”. “Está claro que aplica y hace su propia justicia”, apunta.
Acento.com.do insistió en tener la visión de la Policía sobre el tema a través de su vocero oficial, pero el coronel Jacobo Mateo Moquete todavía no responde al tema.
Apoyo de la población. Muchos dominicanos, como queda evidenciado en los comentarios a la información sobre el tema publicada en Acento.com.do, apoyan que la Policía “le de pa´ abajo” (elimine físicamente) a los presuntos delincuentes que persiguen por matar a algunos de sus agentes. El sociólogo Daniel Pou, experto en temas de seguridad, lamenta que la ciudadanía tenga esa visión.
Pou recuerda que las ejecuciones sumarias de personas en conflicto con la ley, perpetradas por los cuerpos policiales de diferentes latitudes, ha constituido una de las grandes preocupaciones que de manera pertinente emerge en las agendas de las personas y grupos que abogan por los derechos humanos y el debido proceso de ley como postulan los preceptos que rigen sociedades civilizadas.
Lamenta que en República Dominicana la herencia autoritaria y militarista del cuerpo policial y las carencias que padece el Estado social y democrático de derecho, “genere un consenso en la población llana, y quizás no tan llana, de que la Ley del Talión, aplicada por los cuerpos de seguridad, resulta una modalidad justificada como instrumento de apaciguamiento de los actores del delito”.
Las estadísticas de la Procuraduría General establecen que entre enero y julio de este año la Policía ultimó a 83 presuntos delincuentes, mientras la Fuerza Aérea, la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), abatió otros seis.
Reportes de prensa –que el coronel Mateo Moquete todavía no confirma o desmiente– dan cuenta de que en lo que va del presente año han caído al menos 56 agentes policiales.El actual jefe policial, mayor general Manuel Castro Castillo, ha acudido a algunos de los sepelios de los agentes bajo su mando.
“Al margen de la carga emocional e indignación que pueda generar una conducta criminal, es necesario tener en cuenta que no todos los indicios que puedan implicar a un sospechoso serán suficientes para mostrar su culpabilidad sin agotar las diferentes etapas que contempla un proceso moderno en materia penal”, apunta Daniel Pou.
El sociólogo sostiene que, al margen de los “regios” postulados que contemplan los nuevos códigos penales y de procedimiento en esa misma materia, “gran parte de las ejecuciones sumarias realizadas por los cuerpos policiales, encuentran su fundamento en los estrechos vínculos que se producen entre policías y delincuentes, llegando los primeros a convertirse en socios de las más variadas modalidades de delitos”.
“Esta sinergia entre miembros de los cuerpos policiales y actores de las diferentes modalidades delictivas, conlleva a puntos donde el poder de información acumulado por los delincuentes, se cierne como amenaza sobre los policías y entonces se producen las ejecuciones como manera de romper cadenas de información”, añade el investigador.
Pou resalta que esta problemática se suma otros factores, como la falta de confianza e identificación del cuerpo policial con las diferentes instancias del poder judicial, que caso en el caso del país “ha sido enarbolada por los propios jefes policiales”.
Deplora además la falta de formación y carencia de sentido de competencia de los cuerpos policiales, un desbordado sentido de su autonomía frente a los demás poderes del Estado, la negación de subordinación al Poder Judicial y carencia de controles externos efectivos. Por último, cuestiona “la ausencia total o una gran debilidad del debido régimen de consecuencias para los policías infractores de la ley”.DE ACENTO.COM.DO
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