Niños y adolescentes pernoctan las calles, avenidas y sectores de Santiago, algunos piden, pero la mayoría se dedican a limpiar zapatos, los cristales de los vehículos en los semáforos o a cuidar autos que son estacionados en las vías, entre otras actividades que les proporcionan algo de dinero para subsistir.
Estos menores duermen en casas y locales abandonados, así como en construcciones paralizadas de edificios.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la zona norte, el jurista Dionisio Jérez, señaló que el Estado dominicano tiene el deber de tomar "medidas serias" para enfrentar el tráfico de menores por la frontera domínico-haitiana.
Asimismo, expresó que el país se expone a sanciones internacionales de no controlar ese fenómeno.
El jurista sostuvo que corresponde al Estado dominicano, protegerse de esa trata de humanos, y subrayó que muchos de esos niños, cuando llegan al país desde Haití, son usados por los mismos traficantes para la mendicidad y el trabajo infantil, y después les despojan gran parte del dinero que consiguen.
"El Gobierno dominicano está en el deber de cumplir con las leyes que castigan la trata de personas y proteger los derechos de la niñez, como establecen los convenios internacionales", explicó.
Dionisio Jérez expuso que, después de que esos niños y adolescentes llegan al país procedentes desde Haití, no se les puede deportar, y opinó que es preferible que las autoridades impidan su entrada en la frontera.
Asimismo, expresó que el país ha tenido muchos problemas, principalmente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha sido condenado varias veces, para seguir aceptando ese inhumano tráfico de personas, principalmente de niños en la línea divisoria de los dos países caribeños.
También dijo que esos menores pueden alimentar el morbo maligno de los pederastas, debido a que se encuentran en las calles indefensos y desamparados.
Casi a diario, miembros del Ejército Dominicano, apostados en el noroeste y la zona fronteriza intervienen entre 50 y 70 haitianos indocumentados que tratan de ingresar de manera clandestina al país.
Muchos de los intervenidos son menores, en la mayoría de ocasiones acompañados por sus padres, familiares o adultos, que fingen ser sus progenitores, según dijo a Efe una fuente castrense.
El activista haitiano de protección civil, René Oguí, contó a medios locales que, hace ocho meses, vio cómo una madre entregaba a sus dos hijos en Ouanaminthe, ciudad fronteriza de Haití, en el Departamento Nordeste, a un potea (como se conocen en ese país a los traficantes de personas), se trataba de una niña de nueve años y un niño de 6.
"Ambos lloraban, no querían desprenderse del lado de su madre, pero ella trataba de calmarlos y les decía que en República Dominicana tendrían mejor futuro porque ella no tenía los medios para garantizar su alimentación, educación y salud cuando se enferman", agregó.
El vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias de la zona sur de Santiago, José Alberto Peña, declaró a Efe que rescataron a varios menores haitianos que eran víctimas de explotación laboral por parte de sus compatriotas.
Sostuvo que las organizaciones comunitarias se mantienen vigilantes, ofreciendo protección para que no vuelvan a ser víctimas de redes que los traen al país y los explotan en las calles.
Ayer, el jefe del Ejército Dominicano, mayor general Rubén Paulino Sem, informó en Mao, de que los altos mandos militares entregarán nuevas cámaras, vehículos y equipos a los soldados responsables de vigilar la frontera para garantizar mayor seguridad y combatir el tráfico de personas. EFE
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