El juez de Paz del Juzgado Especial de Tránsito del Centro de Atención al Automovilista dijo ayer que en la actualidad los accidentes de tránsito no son muy investigados por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), lo que entiende hace que se susciten una serie de conflictos entre choferes sobre quién tuvo o no la culpa del hecho.
El magistrado Amaury Marcos Martínez Abreu expuso que con la nueva ley de tránsito, las operaciones sobre las infracciones en ese ámbito estarán a cargo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), que operará conforme a las políticas del Ministerio de Interior y Policía y el Instituto de Tránsito Terrestre (INTRANT).
Sostuvo que esa dirección va a tener un papel importante sobre las operaciones que se suscitan en las vías públicas. “De acuerdo al contenido de la ley, si esto se cumple cabalmente, va a hacer al sistema de justicia un aporte bastante significativo”, señaló.
Igualmente, criticó que agentes de tránsito falten el respeto a muchos ciudadanos por las infracciones de tránsito. Sostuvo, además, que los jueces de tránsito tienen que estar atentos para no violar derechos de los ciudadanos que les han puesto multas sin haber cometido ninguna infracción, como se ha denunciado.
El magistrado habló durante una conferencia que pronunció en el Defensor del Pueblo sobre la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La charla fue impartida a empleados del Defensor del Pueblo, institución que frecuentemente imparte acciones formativas con el propósito de que su personal se mantenga actualizado en los diversos temas, a fin de brindar mejor asistencia al público.
Las rutas
Martínez Abreu resaltó que la nueva ley de tránsito establece que para ser concesionario de una ruta del transporte se exige una póliza de seguros por daños a tercero, cuya regulación la ley la pone a cargo del INTRANT.
Martínez Abreu resaltó que la nueva ley de tránsito establece que para ser concesionario de una ruta del transporte se exige una póliza de seguros por daños a tercero, cuya regulación la ley la pone a cargo del INTRANT.
Considera que con esa fiscalización se podría disminuir la corrupción en el otorgamiento de las licencias.
Por otro lado, abogó por la instalación en el país de un sistema de cámaras de seguridad especial, a fin de detectar las infracciones de tránsito de manera digital, como existen en otros países.
El magistrado propugnó también porque se introduzca una materia sobre seguridad vial tanto en las universidades como en las escuelas públicas y privadas. “Esto en países latinoamericanos lo tenemos, no sé por qué el país ha esperado el año 2017 para ponderar una situación como esta”, dijo.
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