La Cancillería dominicana favorece que se apruebe el acuerdo para el prechequeo de pasajeros, firmado entre el Gobierno dominicano y el de Estados Unidos.
El canciller Miguel Vargas Maldonado manifestó que sería un privilegio para el país que se apruebe dicho acuerdo, el cual se ejecutaría en el aeropuerto Internacional de Punta Cana, de la provincia La Altagracia.
El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la decisión para que el sistema entre en vigor esta en mano de los jueces del Tribunal Constitucional del país donde está depositado el documento de acuerdo, que desde hace más de dos años se firmó con las autoridades de Estados Unidos.
Maldonado apuntó que hacer los servicios de chequeos de migración y de aduanas, en la República Dominicana, antes de entrar a Estados Unidos, es algo positivo para el país.
Precisó que ese acuerdo conlleva a tener un mayor espacio aéreo nacional. “Tu sale de aquí ya con el pre-chequeo y puede viajar a cualquier otro aeropuerto local de Estados Unidos”, aseguró.
“Yo diría que esto sería un privilegio para la República Dominicana, porque todos los países de la región quisieran tener este acuerdo, gozar de esta facilidad que han solicitado a las autoridades norteamericanas y sin embargo no se lo han concedido”, puntualizó Vargas al ser cuestionado sobre el tema.
Explicó el funcionario que con la entrada en vigencia de este sistema se abrían nuevos espacios aéreos, y nuevos destinos. Indicó que tan pronto el pasajero sale del país, ya es prácticamente un vuelo local.
“Lo más importante es la comodidad que este ofrece al usuario que cuando viaja por ejemplo desde el aeropuerto de Punta Cana, hacia Nueva York, ya no tendrá la necesidad de tener que hacer chequeos de migración y de aduana, a su llegada a las terminales de Estados Unidos", expresó.
El funcionario lamentó el hecho de que el acuerdo prechequeo no haya podido ser aprobado por el Tribunal Constitucional, a dos años que fue rubricado entre ambos gobiernos.
Se recuerda que el presidente Medina apoderó al TC ejercer este control preventivo, y determinar si el acuerdo contradice o no la Carta Magna.
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