Ratifican prisión preventiva contra ejecutivo de la Corporación de Crédito Oriental

Ratifican prisión preventiva contra ejecutivo de la Corporación de Crédito Oriental

SANTO DOMINGO.- Fue ratificada la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Roberto Eduardo López Santiago, accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A., a quien el Ministerio Público del Distrito Nacional le imputa  incurrir en fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

Se recuerda que el pasado mes de febrero de 2019, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó que el imputado López Santiago cumpliera tres meses de prisión preventiva,  en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal, medida que el Ministerio Público logró que fuera ratificada este viernes por el Sexto Juzgado de la Instrucción.

A raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se procedió a iniciar una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.

El encartado Roberto Eduardo López Santiago en su función de accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A, junto a otros imputados habría conformado un entramado delictivo, a través del cual se presume que estafaron a decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal, conforme establecen las investigaciones realizadas por el órgano persecutor.

Por el hecho también han sido imputados Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Ar Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte De Caba, por su implicación en los ilícitos cometidos a través de la entidad financiera.

Preliminarmente, este caso ha sido calificado jurídicamente como fraude, estafa, abuso de confianza, y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley  Monetaria y Financiera y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.