El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha ordenado que tres jueces del Tribunal de Casación, incluido el designado por la oposición como mandatario en funciones del país, se acojan a la jubilación, en medio de la crisis política en el país en torno a la finalización del mandato del jefe de Estado.
La oposición de Haití, que había fijado el 7 de febrero como fecha del fin del mandato de Moise al entender que su mandato arrancó tras las anuladas elecciones de 2016, nombró el domingo a Joseph Mécène Jean Louis como presidente interino, poco después de que Moise denunciara un intento de golpe de Estado en el país.
Moise, que sostiene que su mandato arrancó cuando tomó posesión en 2017, una tesis que comparten entre otros organismos la Organización de Estados Americanos (OEA), ha emitido un decreto en el que "ordena la jubilación" a Jean Louis y los también jueces del Tribunal de Casación Wendelle Coq Thélot e Yviquel Dieujuste Debrézil.
Según las informaciones recogidas por el diario haitiano 'Le Nouvelliste', el mandato de Jean Louis concluye este mismo año, mientras que los de Thélot y Dabrézil --quien fue uno de los cerca de 20 detenidos el domingo tras la denuncia de Moise sobre una intentona golpista-- lo hacen en 2022 y 2029, respectivamente.
Así, el presidente ha señalado en su decreto que "se invita a los magistrados a hacer uso de su derecho a la pensión". El documento ha sido publicado tras el arresto de Dabrézil, detenido junto la inspectora general de la Policía Nacional, Marie Louise Gauthier, y después de que Jean Louis aceptara su designación por parte de la oposición.
El Gobierno de Haití había señalado además que tomaba nota de "la autoproclamación del juez del Tribunal de Casación Joseph Mécène Jean Louis como presidente provisional de la República" y agregó que ello "constituye una usurpación del cargo y una grave violación de la Constitución y las leyes" del país.
El comunicado, firmado por el ministro de Comunicación, Pradel Henriquez, recoge además que "estos actos no buscan más que crear problemas, complicar el clima de inestabilidad y dañar las bases del Estado de Derecho", al tiempo que afirma que, "ante toda escalada de violencia y violaciones de las leyes, los poderes públicos no tienen otra opción que actuar con el máximo rigor contra los que provocan problemas y defienden el caos".
"FUERZAS ANTIDEMOCRÁTICAS Y GOLPISTAS"
Por su parte, el ministro de Justicia haitiano, Rockefeller Vincent, ha condenado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter "las intentonas de golpe de Estado" y de "atentado contra la vida" de Moise y ha resaltado que el mandato del presidente expira el 7 de febrero de 2022.
Asimismo, ha tildado de "indigno" el papel de Dabrézil y de Gauthier en la crisis política y ha cargado contra "el frenesí obsesivo de ciertos magistrados, bajo la manipulación de fuerzas antidemocráticas y golpistas, para acaparar el poder político, sin importar los medios, violando la Constitución".
Por otra parte, Vincent ha argumentado que Jean Louis "ha cometido un acto ilegal e inconstitucional" y "ha decidido dar la espalda a su título de magistrado perteneciente a un poder apolítico", antes de ordenar a la Policía que "adopte todas las medidas coercitivas necesarias para mantener el orden y la integridad de las instituciones".
Sin embargo, la decisión de Moise podría chocar con la Constitución haitiana, que recoge que los jueces del Tribunal de Casación, los tribunales de apelaciones y los tribunales de primera instancia "son inamovibles" y "sólo pueden ser cesados por un incumplimiento con base legal o suspendidos tras ser imputados".
"No pueden ser objeto de cambios sin su consentimiento, incluso en caso de promoción. Su servicio sólo podrá cesar durante su mandato en caso de incapacidad física o psíquica permanente debidamente acreditada", resalta el artículo 177 de la Carta Magna del país.
El plan de Moise pasa por convocar en abril un referéndum sobre el borrador de la nueva Constitución y, ya en septiembre, nuevas elecciones generales, en las que no prevé presentarse. El actual presidente gobierna por decreto tras el fin del mandato de las anteriores instituciones.
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