El volumen inusual de transacciones electrónicas realizadas desde las cuentas de los beneficiarios del programa temporal “Quédate en Casa” en comercios de localidades de Santo Domingo Este, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Barahona y Puerto Plata, sirvieron de alerta en la investigación realizada por el Gabinete Social.
Ante las denuncias de fraude suscitadas al programa, el Gabinete de Política Social junto a la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), han servido de apoyo al Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) para lograr la captura de aproximadamente 20 personas, señalados como presuntos responsables de sustraer fondos de beneficiarios del programa.
Así lo informó el director de Seguridad e Inteligencia del Gabinete de Política Social, coronel Roberto de Jesús Méndez Sosa, en una nota enviada a los medios de comunicación.
El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, intruyó para que se realizará la investigación y deploró estas acciones ilícitas por atentar contra el bienestar de las familias vulnerables del país uniendose al llamado del presidente Luis Abinader para que todos los implicados en las estafas al programa paguen por sus delitos.
Méndez aseguró que las investigaciones arrojaron que los responsables de las estafas en complicidad con los propietarios de los colmados allanados, aprovechaban las horas del toque de queda, es decir, desde las 12 de la medianoche hasta las cinco de la mañana para hacer las transacciones en los verifone habilitados utilizando cédulas obtenidas de los padrones electorales.“Tras conocer las denuncias de beneficiarios de los programas sociales de que no estaban recibiendo los fondos de Quédate en Casa y que habían sido incluso excluidos de la nómina, ordenamos una investigación en la que se encontró establecimientos con un volumen de hasta 2,700 transacciones en una noche cuando el tope para cualquier colmado es 250 durante todo el proceso de consumo que puede tomar hasta varios días”, puntualizó Méndez.
De igual forma, dio a conocer que el Gabinete Social trabaja en un acuerdo interinstitucional con la ADESS, la Dirección de la Policía a través del DICAT, que dirige el teniente coronel Roberto Román Contreras y la Procuraduría por medio del procurador adjunto de Alta Tecnología para lograr robustecer las medidas de seguridad del sistema utilizado en las transacciones de los programas sociales para eficientizar los procesos y así prevenir este tipo de delitos.
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