El abogado del exprocurador Jean Alain Rodríguez dijo que a su defendido le enviaron a su casa cartas, coronas de flores negras y notas funerarias, durante este periodo de tiempo en que es investigado en la Operación Medusa.
Gustavo Biaggi Pumarol expresó que era su concepción personal que personas que tienen en su cargo el combate a la criminalidad deban tener un trato diferenciado, en cuanto a la prisión preventiva.
Entrevistado en el programa El Día dijo que puede ser arresto domiciliario, la vigilancia, las restricciones…, y planteó que por el trabajo que hacen fiscales deben tener otro trato con respecto a cárcel, porque son los que combaten la criminalidad.
Biaggi Pumarol fue entrevistado por Huchi Lora y Edith Febles en el programa televisivo que se transmite por Telesistema, canal 11.
El abogado dijo que se ha reunido con Rodríguez y lo ha visto recuperado anímicamente, ha trabajado mucho, se pasa el día leyendo la acusación y haciendo reportes.
Pumarol comparte la defensa con José Figueroa Guílamo y otros abogados, y dijo que trabajan en equipo porque la acusación es de casi 300 páginas.
Añadió que recomendaron a Jean Alain que el juicio (el conocimiento de medida de coerción) no sea televisado, porque sale mucho el morbo.
"Al principio dijo que no (Jean Alain cuando se lo plantearon), nosotros le dijimos que es parte de la estrategia que estamos montando, sin embargo esto no es una decisión solo de Jean Alain Rodríguez, tienen todos los imputados que decir que lo quieren abierto", expresó.
Imputados
En el caso de Operación Medusa, además de Jean Alain Rodríguez, los fiscales solicitaron prisión preventiva contra Miguel José Moya, quien fue asesor de Rodríguez durante su gestión en la PGR y quien admitió que le pagaron la suma de 19.5 millones de pesos para impartir unos cursos que nunca se dieron.
Rafael Antonio Mercedes Marte, fue encargado de Contabilidad de la PGR; Alfredo Alexander Solano Augusto, fungió como director financiero y encargado de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, quien fue director administrativo; Jenny Marte Peña, era encargada de proyectos; y Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.
El argumento presentado para esta medida fue el de que si este grupo es dejado en libertad intentarían obstaculizar la investigación del ministerio público mediante la destrucción, modificación u ocultamiento de pruebas.
Un involucrado en este caso a quien las autoridades buscan es a Rafael Canó (prófugo), exdirector de Gabinete de la PGR, y sobre quien pesan varias acusaciones hechas por el MP.
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