El Defensor del Pueblo suscribió un nuevo contrato con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que modifica un acuerdo original con la anterior gestión, para la construcción de la sede del ente constitucional y la habilitación de oficinas regionales.
Con el nuevo convenio, el costo del proyecto aumentó, al contemplar la erogación de otros 100 millones de pesos al PNUD, al adicionarle otros aspectos.
El 1 de octubre de 2021, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, autorizó al administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, transferir esos fondos al PNUD, a través de su cuenta del Banco Popular, en una única partida.
En una comunicación firmada por Ulloa y el director financiero del Defensor, Juan García, se explica que la transferencia es por concepto de inversión (partida única) para construir la estructura de gobernanza institucional y fortalecer las capacidades operativas del Defensor del Pueblo.
Con esto pretende “mejorar la atención ciudadana, innovación, planificación, gestión y los procesos de compras y contrataciones para una efectiva transparencia, desarrollo institucional y rendición de cuentas”.
Esto se basa en el convenio número 00138552, firmado el 30 de septiembre de 2021 entre el Defensor del Pueblo y el PNUD, según consta en la comunicación anexa al convenio.
El acuerdo fue firmado el 30 de septiembre de 2021 por Pablo Ulloa y la representante residente del PUND, Inka Mattila.
El nuevo proyecto abarca la ampliación de los servicios contratados en noviembre de 2018 y se hace una recalendarización de los trabajos y actividades.
Los servicios de apoyo que se prestarán consisten en licitación, gestión y supervisión de obras civiles; identificación y facilitación de actividades de capacitación, y la adquisición de bienes y servicios.
Desembolsos
En el calendario de pago contenido en la última enmienda realizada al proyecto, del 30 de septiembre de 2021, se estipula un único desembolso de US$1,761,245.55, equivalente al 100 por ciento.
En este documento se precisa que para el proyecto anterior se había desembolsado US$3,612,047.
En el primer acuerdo se estableció que el proyecto tenía un costo de US$5,028,800, pero en el convenio último el monto presupuestado se incrementa a US$5,373,292.
El nuevo calendario de pagos toma en consideración la necesidad de que se efectúen por adelantado con respecto a la ejecución de las actividades planificadas y que podrá ser enmendado para que mantenga su coherencia con respecto al progreso experimentado a medida que avance.
Características
En el proyecto original acordado entre el PNUD y el Defensor del Pueblo el edificio contempló la habilitación de un salón para el staff del Defensor del Pueblo, un salón de capacitación con capacidad para 35 a 40 personas, con espacio para equipamiento, un centro de documentación y archivo, un área de cocina y comedor, un área de almacén, tres baños de hombres y tres baños para mujeres, tres baños de personas con discapacidad, un área de parqueo, un área de recepción y ventanilla de servicios, un área de choferes y conserjería.
Luego, en el acuerdo suscrito en la actual gestión se incorporó un dispensario médico, una sala de lactancia y un área de equipamiento tecnológico.
El terreno donde se levanta el edificio sede del Defensor del Pueblo tiene una extensión de 1,500 metros cuadrados, ubicado en la avenida 27 de febrero numero 256, sector Los Restauradores del Distrito Nacional.
Fue adquirido por el Defensor del Pueblo en el 2015, por 39 millones de pesos, con recursos propios, de acuerdo a las informaciones divulgadas por la institución en esa oportunidad.
En la documentación del proyecto se establece que el edificio cuenta con licencia de construcción emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Alianzas
En el convenio se establece que para lograr un modelo de gestión institucional, basado en calidad, es de gran relevancia que mediante la ejecución del proyecto se procure la articulación con otros actores claves de la cooperación internacional.
En ese sentido, contempla la posibilidad de sumar esfuerzos y recursos de otras agencias y programas del sistema de las naciones unidas en el país.
El Defensor del Pueblo también expone la necesidad de articular esfuerzos desde las demás instituciones del gobierno central, del gobierno local, actores de la sociedad civil y el empresariado, para forjar una cultura de trabajo conjunto, interoperabilidad, transparencia y rendición del cuentas.
Señala que dentro de su plan de trabajo y gestión institucional se han identificado distintos actores, que atendiendo a la naturaleza de sus servicios e intervenciones sociales podrán constituirse en aliados estratégicos.
Retraso
Según explicó a Listín Diario el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, la pandemia de covid 19 alteró el cronograma de ejecución del edificio sede de ese órgano constitucional, y provocó un aumento en el costo.
Además, dijo que la estructura fue ubicada en un terrero con características inadecuadas, lo que conllevó a que, junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, se realizaran los planos adecuados a una institución que busca la calidad.
Proyecto
El primer picazo para la construcción de la sede del Defensor del Pueblo fue dado el 21 de febrero del 2020, por la entonces Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inka Mattila.
La ejecución de la obra y su equipamiento fue puesta a cargo del PNUD mediante convenio suscrito en el 2018, el cual luego fue reformado para la inclusión de oficinas regionales.
El Defensor del Pueblo funciona en locales alquilados en una plaza comercial del Distrito Nacional.
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