Presidente de la SCJ: “El objetivo no debe ser imponer medidas de coerción, sino servir justicia” Henry Molina dijo que más de 16 mil personas están privadas de libertad sin juicio ni condena.

 

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  Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. 

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, dijo este sábado que actualmente más de 16,000 personas se encuentran privadas de su libertad en República Dominicana sin haber tenido un juicio ni dictado condena, por lo que recordó a los actores del sistema que el objetivo no debe ser imponer medidas de coerción, sino servir justicia.

“Si hablamos de inclusión, de derechos humanos y de dignidad, debo mencionar una situación que requiere el compromiso de todo el sistema de justicia, me refiero a las más de 16,000 personas que actualmente están privadas de libertad en nuestro país, sin juicio ni condena”, expresó.

Durante la audiencia solemne con motivo al Día del Poder Judicial, Molina indicó que esa cifra se traduce a que “el 61% de la población en los centros penitenciarios del país no ha sido juzgada ni tiene sentencia”.En ese sentido, el titular de la Suprema recordó en su alocución que la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción tiene como objetivo asegurar la integridad de las pruebas y que el imputado no evada el proceso.

Sin embargo, hizo hincapié en que esto no implica la terminación del caso ni la culpabilidad del encartado.

“La comprensible indignación de la sociedad ante los casos penales no puede justificar este desbalance. No tiene justificación en una sociedad democrática”, sentenció al tiempo que reconoció este problema ha sido arrastrado por el sistema judicial desde hace varias décadas, resaltando que no por ello es menos urgente.

Infraestructura de las instancias judiciales

En un discurso donde se resaltaron avances y retos, Henry Molina se refirió a que una de las metas de este año para el sistema judicial es mejorar la infraestructura física y digital de sus instituciones.  

“La provincia Santo Domingo cuenta con espacios que no fueron pensados para tribunales. Eso genera dificultades. Se requiere replantear la infraestructura del Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega y San Pedro de Macorís, que concentran alrededor del 80% de la carga”, sostuvo.   .