SANTO DOMINGO.- Policías y militares retirados marcharon este martes hacia al Palacio de la Policía Nacional en reclamo aumento salarial, indemnización y seguro médico, entre otras reivindicaciones.
La marcha, que partió de la avenida 27 de febrero, se tornó violenta. Agentes de la policía dispararon gases lacrimógenos y por lo menos una persona resultó herida.
Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como: “Yo no estoy pidiendo”, “Por favor, no roben más y devuélvanos nuestro dinero”, “Somos veteranos y no tenemos miedo”.
NOTARIOS
También este martes decenas de miembros del Colegio Dominicano de Notarios marcharon hacia el edificio de la Procuraduría General de la República en reclamo de que ese organismo le entregue más de 113 millones de pesos que presuntamente le retienen «ilegal e injustificadamente».
Laura Sánchez Jiménez, presidenta del gremio, dijo que «reclamamos la aplicación de la ley 140-15, para que este colegio garantice los planes de pensiones, ayudas médicas y cuente con los recursos necesarios para la firma digital».
La marcha de los profesionales del derecho partió desde la esquina la avenida Jiménez Moya esquin Correa y Cidrón, en el Centro de los Héroes, y concluyó en la sede de la Procuraduría.
Sánchez Jiménez dijo que la Procuraduría dejó de pagar al Colegio de Notarios 130 pesos por cada acto notarial.
Agregó que desde el 12 de agosto de 2015 la Procuraduría no acredita íntegramente los montos que corresponden al Colegio, lo que ha causado daños materiales y morales a sus afiliados.
Señaló que el organismo percibió casi tres mil millones de pesos por la aplicación del recibo notarial y debería cobrar, conforme con la Ley 140-15 del Notariado, 130 pesos por cada acto notarial, pero está cobrando 700 pesos, de los cuales sólo entrega 80 pesos al Colegio de Notarios.
Advirtió que el gremio no permitirá transgresiones, actuaciones impropias, arbitrarias y desnaturalizantes por parte de la Procuraduría ni de ningún órgano o ente público o privado, en desmedro de sus responsabilidades reservadas por la ley.
«Es una aplicación impropia de la Procuraduría disponer el aumento del monto de dicho recibo de manera desproporcionada en su beneficio propio, no del Colegio Dominicano de Notarios, y en perjuicio de la ciudadanía, careciendo de competencia para ello, tal y como puede comprobarse por lo precisado por la Ley No. 140-15 del Notariado», enfatizó.
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