El periodista Jhonny Alberto Salazar fue condenado a seis meses de prisión y al pago de un millón de pesos a su demandante
Una multitud que se congregó en la tarde de de este jueves frente al Palacio de Justicia de Nagua impidió la entrada al tribunal del periodista Johnny Alberto Salazar y obligó así a la jueza Salma Bonilla a suspender la lectura de la sentencia que le condena a seis meses de prisión y al pago de un millón de pesos al abogado que le demandó por difamación e injuria.
Pedro Baldera Germán, parte demandante, tampoco estuvo presente. Fue representado por su abogada, la también periodista Teonilda Mercedes Gómez.
Stalin Castillo López, abogado del periodista Salazar, adelantó que su apoderado por el momento no irá a prisión porque la sentencia no ha adquirido la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Agregó que el juicio está apenas en primer grado.
Castillo dijo que en los diez días hábiles depositará el recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.
Los acontecimientos
La magistrada Bonilla subió a estrados, envió a Castillo López, abogado del imputado, a buscar a su representado para leer la sentencia.
A Castillo se le hizo prácticamente imposible cumplir la misión, por lo que la jueza envió al alguacil de estrados Ramón Antonio Caro a buscar a Salazar, quien tampoco pudo cumplir porque la multitud no lo dejó entrar al edificio pensando que lo enviaría a la cárcel pública de Nagua.
Fue en ese contexto que la magistrada cerró la audiencia de lectura de sentencia e invitó a las partes en el proceso a buscar originales certificadas ante la secretaria del tribunal a partir de este viernes.
Los incidentes se desarollaron a pesar de la custodia del edificio del Palacio de Justicia y sus alrededores por parte de unos 22 agentes policiales al mando del coronel Juan Antonio Lora Castro
Los incidentes fueron amenizados con interpretaciones del cantautor Ramón Leonardo. Lito Rapozo abrió el concierto popular por la libertad de expresión, seguido por Jordano Morel, ante una multitud que pedía que el periodista Salazar no sea apresado.
El padre Rogelio Cruz, quien estuvo siempre junto a Salazar, tampoco pudo entrar al edificio del palacio de justicia.
Desde la Capital y SFM
Decenas de periodistas que viajaron en dos autobuses provenientes de Santo Domingo, San Francisco de Macorís y de otras ciudades encabezados por Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
También estuvieron miembros la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la asociación de prensa turística.
La delegación de San Francisco de Macorís fue encabezada por Marianela Salazar, secretaria general de la seccional del CDP.
Los periodistas fueron recibidos por la multitud como héroes en la ciudad de Nagua por su solidaridad para con su colega Salazar.
Denuncias en el exterior
Los periodistas y sus dirigentes calificaron la sentencia contra Salazar como una flagrante violación al principio fundamental de la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo.
Señalaron que la sentencia ha sido denunciada ante varias instituciones defensora de los derechos de los periodistas en distintos países, tales como la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); y la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
También, el Comité Internacional de Protección del Periodista, con sede en Nueva York; Periodistas Sin Fronteras, con sede en Francia; Instituto Internacional de libertad de Prensa, con sede en Viena; y a los Colegios de Periodistas de Venezuela, Costa Rica, Colombia y Perú.
Pedro Baldera Germán, parte demandante, tampoco estuvo presente. Fue representado por su abogada, la también periodista Teonilda Mercedes Gómez.
Stalin Castillo López, abogado del periodista Salazar, adelantó que su apoderado por el momento no irá a prisión porque la sentencia no ha adquirido la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Agregó que el juicio está apenas en primer grado.
Castillo dijo que en los diez días hábiles depositará el recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.
Los acontecimientos
La magistrada Bonilla subió a estrados, envió a Castillo López, abogado del imputado, a buscar a su representado para leer la sentencia.
A Castillo se le hizo prácticamente imposible cumplir la misión, por lo que la jueza envió al alguacil de estrados Ramón Antonio Caro a buscar a Salazar, quien tampoco pudo cumplir porque la multitud no lo dejó entrar al edificio pensando que lo enviaría a la cárcel pública de Nagua.
Fue en ese contexto que la magistrada cerró la audiencia de lectura de sentencia e invitó a las partes en el proceso a buscar originales certificadas ante la secretaria del tribunal a partir de este viernes.
Los incidentes se desarollaron a pesar de la custodia del edificio del Palacio de Justicia y sus alrededores por parte de unos 22 agentes policiales al mando del coronel Juan Antonio Lora Castro
Los incidentes fueron amenizados con interpretaciones del cantautor Ramón Leonardo. Lito Rapozo abrió el concierto popular por la libertad de expresión, seguido por Jordano Morel, ante una multitud que pedía que el periodista Salazar no sea apresado.
El padre Rogelio Cruz, quien estuvo siempre junto a Salazar, tampoco pudo entrar al edificio del palacio de justicia.
Desde la Capital y SFM
Decenas de periodistas que viajaron en dos autobuses provenientes de Santo Domingo, San Francisco de Macorís y de otras ciudades encabezados por Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
También estuvieron miembros la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la asociación de prensa turística.
La delegación de San Francisco de Macorís fue encabezada por Marianela Salazar, secretaria general de la seccional del CDP.
Los periodistas fueron recibidos por la multitud como héroes en la ciudad de Nagua por su solidaridad para con su colega Salazar.
Denuncias en el exterior
Los periodistas y sus dirigentes calificaron la sentencia contra Salazar como una flagrante violación al principio fundamental de la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo.
Señalaron que la sentencia ha sido denunciada ante varias instituciones defensora de los derechos de los periodistas en distintos países, tales como la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP); y la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
También, el Comité Internacional de Protección del Periodista, con sede en Nueva York; Periodistas Sin Fronteras, con sede en Francia; Instituto Internacional de libertad de Prensa, con sede en Viena; y a los Colegios de Periodistas de Venezuela, Costa Rica, Colombia y Perú.
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