ADOCCO denunciará ante la CIDH modificación al Código Procesal Penal “De eliminarse el artículo 85 el país se constituirá en el más corrupto del mundo”

SANTO DOMINGO.- El coordinador general de la La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, declaró que ya ese organismo dio la voz de alerta a organizaciones internacionales de la sociedad civil, de que en la Republica Dominicana quieren cercenar el derecho de perseguir la corrupción pública administrativa.

Dijo que de no producirse las observaciones a la reforma del Código Procesal Penal, elevaran un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, organismos internacionales y ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Eliminar el párrafo tercero del artículo 85 del CPP, es eliminar el derecho que tienen los ciudadanos de querellarse ante aptos punibles que cometan los funcionarios del estado, buscando con esto un salvoconducto a la corrupción pública, aseveró el coordinador de ADOCCO.

"Es imposible que en República Dominicana a estas alturas se pretenda quitar derechos cuando en el resto del mundo lo que se están es ampliando los derechos de los ciudadanos, lo que sin lugar a dudas coloca al país entre los más corruptos del mundo", apuntó al ser entrevistado en el programa Detalle Semanal.

De su la el ex procurador adjunto Hotoniel Bonilla al participar del debate, dijo que la sociedad civil esta errada en su interpretación de la modificación al Código Procesal Penal, y que la del articulo 85 la han desnaturalizado porque la única diferencia entre denunciante y querellante es que la última tiene que ser víctima directa del hecho punible o delito.

"Esta es una reforma amplia profunda e integral aunque pudo ser más abarcador en los actores procesales pero de ninguna manera le quita derechos a los ciudadanos ni tampoco le impide participar en la persecución de la corrupción pública administrativa".

Bonilla declaró que de todas manera en nada ayuda que el ciudadano pueda querellarse ya que es el Ministerio Público de todas maneras quien tiene que presentar e instrumentar las pruebas, esto desde el punto de vista procesal no tiene ningún sentido.

Que el ciudadano sea un querellante incluso es hasta peligroso porque en su mayoría los casos de persecución de la corrupción tienen fines oscuros y en particular las organizaciones de la sociedad civil son solo un apéndice de los partidos políticos y lo que hacen al fin y al cabo es responder intereses particulares ante que defender los intereses de la patria como tanto dicen, indico el ex procurador adjunto.

De igual modo el ex director del departamento de persecución de la corrupción entiende que al Ministerio Publico hay que darle las herramientas para que pueda investigar de forma profunda y con carácter científico.