SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Ayuntamiento del Distrito Nacional aprobó ayer viernes una ordenanza para que las empresas que laboran en el cableado urbano de esa demarcación tengan que obtener una licencia de operación en el espacio público y otorga un plazo de 120 días para retirar los cables fuera de uso que se encuentran en las vías públicas.
La ordenanza, autoría del regidor del PRM Waldys Taveras, dispone que las empresas que solicitan licencia para la operación de cableado, deberán presentar pruebas de su capacidad gerencial y la calidad técnicas de sus funcionarios y empleados y por razones de seguridad ciudadana sus empleados, mientras realicen labores en el espacio público, deberán estar debidamente identificados con un carné que de manera visible contenga sus generales de ley, así como el nombre y teléfono de la empresa para la cual laboran.
Al ofrecer la información, Taveras explicó que el cableado urbano del Distrito Nacional no solo es contrario el ornato, sino que constituye un peligro público por la manera desordenada y sin criterios técnicos que se ha desarrollado en los últimos años, constituyendo una vergüenza para la ciudad ‘Primada de América’, en estos momentos se debate entre la modernidad de sus centros comerciales y torres y el atraso que representa su imagen, lo que la descalifica como destino turístico urbano.
El edil advirtió que un incontable número de pequeñas empresas están siendo contratadas por las grandes distribuidoras de electricidad, telefónicas y del sistema de televisión por cable, para la realización de labores del servicio de mantenimiento, reparación e interconexión, que por falta de control técnico y de registro, han afectando la estética e imagen de la ciudad de Santo Domingo.
En ese orden, agregó que la falta de control e identificación de quienes laboran en esos espacios, ha sido aprovechada por delincuentes colocando conexiones ilegales y para cometer asaltos, lo que hace necesario que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, como órgano responsable de la administración del espacio público y comprometido con la seguridad ciudadana, dicte normas que regulen y garanticen la identidad de quienes hacen uso de los espacios y las vías públicas para labores especiales, cuyas identidades serán remitidas a la Policía Nacional y a la Amet, para fines de control de los registrados y persecución a los no registrados.
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