El gobierno dominicano difundió hoy una lista de cerca de 53.000 personas amenazadas por el proceso de desnacionalización, a quienes asegura que les revalidará la nacionalidad tras haberles retenido por años sus documentos sin permitirles hacer ningún trámite.
La junta electoral publicó en su página web los resultados de la auditoría que, por mandato del Tribunal Constitucional, realizó a más de 10 millones de actas de nacimiento de 1929 a 2007 para determinar quiénes no pueden ser dominicanos por ser descendientes de inmigrantes sin permiso de residencia.
Roberto Rosario, presidente de la institución, dijo que de todos los expedientes revisados, sólo 132 serán sometidos a los tribunales para su eventual anulación por haber sido inscritos de manera fraudulenta, mientras que otros 4.000 aún permanecen bajo investigación.
“Esa auditoría no se traduce para nosotros en ningún beneficio, no es una garantía real”, dijo a The Associated Press Ana María Belique, a quien las autoridades le han negado por años sus documentos debido al origen haitiano de sus padres.
Belique, vocera de un grupo de defensa de afectados por la desnacionalización, explicó que, de manera independiente a la auditoría, una ley aprobada en 2014 obliga a la junta electoral a validarles la nacionalidad de forma automática, pero esa institución aún no libera los documentos. Consideró que la auditoría ha representado una nueva forma para dilatar la entrega de la documentación.
El Tribunal Constitucional ordenó en 2013 en una sentencia inapelable abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de todos los nacidos en el país entre 1929 y 2007 de padres extranjeros que no tenían permiso de residencia, en su gran mayoría descendientes de haitianos.
Con su fallo, el tribunal validó la práctica que realizada desde 2007 la junta electoral de retener las actas de nacimiento y cédulas de identidad de los descendientes de inmigrantes del vecino Haití con el argumento de que habían sido inscritos en el registro civil mediante un fraude para obtener la nacionalidad.
El instituto jesuita Centro Bonó y otros grupos de derechos humanos documentaron los casos de miles de personas nacidas en el país que por la negativa de la junta electoral a entregarles sus documentos no podían estudiar, ingresar a un trabajo, abrir una cuenta bancaria o incluso casarse y registrar a sus hijos.
Rosario insistió durante meses que sólo 24.000 personas estaban afectadas, pero diversas organizaciones internacionales de derechos humanos estimaron que unos 210.000 descendientes de haitianos quedarían apátridas.
Ante la presión internacional, el Congreso aprobó a mediados del 2014 la ley a la que se refiere Belique para revalidar de manera automática la nacionalidad de los todos los afectados por la desnacionalización siempre y cuando estuviesen inscritos en el registro civil. Aunque la junta electoral, que administra el registro civil, publicó en septiembre pasado una lista de 13.000 afectados a fin de revalidarles la nacionalidad, grupos de derechos humanos aseguran que esas personas aún no reciben sus documentos.
El denominado Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, compuesto por activistas de derechos humanos, intelectuales, periodistas y dirigentes políticos, explicó el lunes en conferencia de prensa que de una muestra analizada por esa organización, más de la mitad de los afectados por la desnacionalización no había logrado revalidar la nacionalidad dominicana.DE AP
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