
Las máquinas operaban de manera ilegal en distintos negocios, la mayoría colmados, ubicados en los sectores Carretera Sánchez, Cristo Rey y Villa Juana.
Las máquinas fueron entregadas al licenciado Edwin Grullón, encargado de decomisos de máquinas tragamonedas del Ministerio de Hacienda, con la presencia de los procuradores fiscales Ivan Felix y Ana Mercedes Rosario.
Se recuerda que el procurador general de la República, magistrado Francisco Domínguez Brito, instruyó a los miembros del Ministerio Público a la confiscación de todas las máquinas con la única excepción de las que se encuentran en los casinos y bancas deportivas, en razón de que las mismas están reguladas por el Ministerio de Hacienda
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