Pocas instituciones del Estado dominicano han sido sometidas en el último medio siglo, a una inmisericorde presión política, social y económica como la Junta Central Electoral.
Cada cuatro años se instala a su alrededor un festival diabólico de denuncias y acciones vilipendiosas, que ponen en entredicho el funcionamiento de la entidad y la integridad de sus ejecutivos.
Primero, por los mecanismos de selección impuestos en el Senado. Después, por las recurrentes tratativas que norman los procesos para elegir al presidente de la República, los congresistas y los alcaldes.
Los problemas saltan a la vista. Desde las elecciones de 1966, pasando por el 1978, 1986, 1990, 1994 hasta los certámenes de 2012 y 2016 la Junta Central Electoral siempre ha sido zarandeada por situaciones mordaces.
En ocasiones primó el criterio de que la panacea para poner fin a todos estos conflictos sería la aprobación de legislaciones modernas, que normaran al complejo entramado electoral y el desenfreno de los partidos políticos.
Hoy, por fin, la República Dominicana se coloca ante este escenario. Pero el escaso tiempo para cumplir con los enmarañados mandatos de las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral es evidente.
A lo cual se agrega un elemento mucho más complejo, si se concuerda que en el país prevalece una natural resistencia a cumplir las legislaciones o hacerles inverosímiles interpretaciones para acomodarlas a intereses particulares.
Las presiones comienzan a surgir en diferentes direcciones, mientras se agolpan de un solo tirón todos los plazos fatales. Los de la precampaña para la selección de los candidatos en octubre próximos y los de las elecciones de febrero y mayo del año entrante.
Mientras tanto queda en el ambiente como si faltara todo por hacer. Para solo citar algunas. Como las virtudes del voto automatizado que se conocerían en octubre, pese a las pruebas preliminares. Ni se sabe en qué parará el voto de arrastre para senadores y diputados.
Tampoco cómo se aplicará la cuota del 20 por ciento de reservas de candidaturas, para alianzas y fusiones; reglas de juego para la cuota del 10 por ciento de la juventud y el 40 por ciento para la mujer.
No se ha definido el plazo para inscribir las alianzas y pactos electorales, la reacción de diputados, conflicto por el orden de los partidos en la boleta electoral, el caso de los regidores y vocales en los 157 municipios y el Distrito Nacional, así como de los 235 distritos municipales.
Ya los partidos de oposición comienzan a denunciar presiones del poder político gubernamental para adocenar a la Junta Central Electoral.
Es indudable que la impronta podría llevar al Pleno de la institución a quedar entrampado en actuaciones compulsivas, buscando el éxito esperado por décadas y tratando de desterrar el trauma latente de los procesos electorales anteriores.FUENTE LISTIN DIARIO
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