Más de 12,000 páginas son las que registran los señalamientos, pruebas y argumentos del Ministerio Público contra 41 personas físicas y jurídicas y 22 empresas imputadas en el caso Medusa, que con el fin de “concertar estafar al Estado dominicano” se asociaron, de manera directa, en la Procuraduría General de la República (PGR), según establece el documento.
Esta presunta coalición de funcionarios, habría realizado “maniobras fraudulentas”, para violar leyes en beneficio propio y del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, usando para ello vehículos societarios, personas de confianza, prestanombres y testaferros.
Jean Alain Rodríguez
En consecuencia, Jean Alain figura como el principal imputado y es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por cometer acciones criminales en contra del patrimonio público, específicamente de los fondos asignados a la PGR, al asociarse con otros funcionarios públicos, contratistas y empresarios, para recibir “enormes” cantidades de dinero proveniente de sobornos.
Asimismo, se le adjudican actos fraudulentos para perjudicar y desfalcar al Estado mediante el desvío de fondos que engrosaron su patrimonio y sirvieron para el financiamiento ilícito de campañas políticas.
Jonnathan Rodríguez Imbert
De su lado, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, quien era director administrativo y financiero de la PGR, es acusado de realizar maniobras fraudulentas para manipular los procesos de contrataciones y servicios solicitados por la Procuraduría.
Por sus acciones ilícitas Rodríguez Imbert recibía beneficios económicos para sí mismo y la estructura criminal.
Alfredo Solano Augusto
Al igual que Rodríguez Imbert, el imputado Alfredo Alexander Solano Augusto también ostentaba cargos de relevancia en el área financiera de la PGR durante la administración de Jean Alain, subdirector del departamento, en su caso, y es descrito en el expediente como una pieza “esencial” de la esta estructura criminal.
Según el informe jurídico, Solano Augusto, “persona de total confianza del coacusado Jean Alain”, se adjudicaba a sí mismo, por medio de terceros, contratos de bienes y servicios en la PGR.
Altagracia Guillen
En la lista de supuestos involucrados también figura Altagracia Guillen Calzado, una de las nueve mujeres del expediente, esta era una especie de intermediaria que presentaba personas a la estructura criminal para que fueran potenciales oferentes en los procesos de compra que se realizaban en la Procuraduría.
Desde su posición de coordinadora del departamento administrativo y financiero facilitó el desarrollo de las estafas al erario desviando y apropiándose de materiales y fondos públicos para beneficio propio, señala el MP.
Jenny Marte Peña
En el caso de Jenny Marte Peña, quien era encargada de la Unidad Ejecutora del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario era, de acuerdo con la acusación, la responsable de ejercer presiones a los contratistas a fin de que estos pagaran los sobornos prometidos a la estructura corrupta.
Para ello abultaba, incluso, las cubicaciones para poder obtener mayores beneficios.
Javier Forteza Ibarra
El grupo de acusados también está conformado por exempleados del departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), como es el caso de Javier Antonio Forteza Ibarra, director del área.
Era Forteza Ibarra el encargado de la parte operativa y tecnológica de la estructura criminal, quien a través del borrado, alteración de datos y sabotaje eliminaba “todas las huellas” de los hechos ilícitos cometidos por el entramado.
Rafael Mercedes Marte
Asimismo, el Ministerio Público imputa a Rafael Antonio Mercedes Marte, contador de profesión y sujeto obligado no financiero, por calcular, recoger, transportar, administrar y transferir el dinero del soborno cobrado en nombre de Jean Alain, Rodríguez Imbert, Solano Augusto, Guillén Calzado y Marte Peña, como parte del soborno para beneficio de la estructura y del Movimiento Político Renovación.
Se le acusa, por tanto, de cometer actos de corrupción, soborno, prevaricación y lavado de activos.
Miguel José Moya
Respecto a Miguel José Moya, es descrito como otra de las personas de confianza del exprocurador y fungía como proveedor de servicios de la Procuraduría.
Su función principal, de acuerdo con la acusación formal del caso, era elevar la imagen personal de Jean Alain Rodríguez y sus aspiraciones políticas.
Para disfrazar su misión, José Moya realizaba jornadas de capacitación y desarrollo del personal de la Procuraduría, y con sus acciones estafó al Estado y participó en acciones propias del lavado de activos.
Sara María Fernández
José Moya es esposo de Sara María Fernández, con quien comparte presencia en el expediente, y junto a quien, presuntamente, actuó en complicidad para introducir facturas con contenido falso y así estafar las arcas del Estado.
Braulio Batista Barias
En tanto, los hechos que se le adjudican al también acusado Braulio Michael Batista Barias son la coalición para cometer actos de corrupción, haciendo uso, para su beneficio personal o de terceros de bienes muebles e inmuebles de lujo, secuestrados o incautados por la Procuraduría.
Batista Barias, quien era supervisor de la Unidad de Bienes Incautados de la PGR, asignaba bienes bajo su custodia a personas claves de la estructura con el objetivo de ser utilizados en la campaña política y para beneficio personal, “todo esto sin autorización, incumpliendo los procedimientos y sin dejar registro”.
Alejandro Rosa Llanes
En las maniobras fraudulentas relacionadas a los bienes decomisados por la PGR también se señala a Alejandro Martín Rosa Llanes, quien dentro de sus supuestas funciones tenía la venta de lo decomisado, actividad que realizaba en violación a las disposiciones legales.
Los bienes eran vendidos a personas vinculadas a la estructura, y para ello cometió actos de corrupción, soborno, prevaricación y estafa.
Ramón Burgos Acosta
El documento revela que varios de los acusados eran las principales autoridades de diferentes direcciones de la Procuraduría, como Ramón Lucrecio Burgos Acosta, del Sistema Nacional de Resolución de Conflictos (Sinarec).
Burgos Acosta, supuestamente, participaba en el movimiento político renovación y durante su coalición con el entramado incurrió en delitos de corrupción, soborno, prevaricación, lavado de activos.
Johannatan Medina Reyes
Los crímenes antes mencionados también recaen sobre Johannatan Loanders Medina Reyes, responsable de la “materialización de las maniobras fraudulentas” en los procesos de compra y contrataciones realizados por la Procuraduría.
Su objetivo era beneficiar a las personas previamente seleccionadas y así garantizar la recepción de los sobornos.
Isis Tapia Steffani
Isis Tapia Steffani es otra de las imputadas y, según el MP, su rol era la ejecución de contratos ficticios, y como miembro del comité de compras aceptaba como ciertos hechos falsos y fraudulentos necesarios para la realización de los pagos a los suplidores y contratistas seleccionados de los procesos de compras amañados.
De igual forma, la en ese momento encargada del departamento legal del área administrativa participó en la contratación de personal pagado por la Procuraduría pero que “nunca” prestaron servicios reales a la institución.
Félix Rosario Labrada
Félix Antonio Rosario Labrada fue otra de las piezas para las maniobras de manipular los procesos de contrataciones y servicios.
Rosario Labrada fungía como encargado de la oficina de acceso a la información y era miembro del comité de compras.
Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel
En cuanto a las irregularidades en la recepción de alimentos y productos en los centros penitenciarios, Mercedes Camelia Salcedo Disla, coordinadora administrativa y financiera del nuevo modelo penitenciario, y Carolina Pimentel Bonifacio eran parte de la “estructura criminal” gestada allí.
“Persona de total confianza de los coacusado Johannatan Loanders Medina Reyes y Jonnathan Joel Rodríguez, teniendo dentro de sus funciones las maniobras fraudulentas llevadas a cabo con el objetivo de beneficiar a un grupo de empresas, vinculadas todas de manera directa al coacusado Rolando Rafael Sebelen Torres, cuñado del también acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez”, plantea el MP sobre Salcedo Disla.
Un argumento similar describe a Pimentel Bonifacio, quien tal como Salcedo Disla y otros del entramado, recibían de forma favorable productos de mala calidad en detrimento a la oferta inicial y al monto pagado por la Procuraduría para los centros penitenciarios.
Se les acusa de la falsificación de sellos, firmas y conduces, entre otras acciones.
Francis Ramírez Moreno
Otro de los 41 acusados es Francis Ramírez Moreno, quien era analista de compras y se le atañe la falsificación y alteración de documentos.
Rolando Rafael Sebelén Torres
En cuanto a Rolando Rafael Sebelén Torres, mencionado previamente, se trata del cuñado de Jean Alai y valiéndose de esa relación, manipuló, junto a otros miembros de la estructura, los procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos para las cárceles.
Asimismo, se le responsabiliza de conformar y dirigir un entramado societario junto a los coacusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel, con el objetivo de estafar al Estado y contribuir con el enriquecimiento ilícito del entonces procurador.
Juntos, manipularon procesos de compra, alteraron y falsificaron documentos, hicieron uso de documentos falsos, así como la falsificación de sellos, firmas y conduces, entregaron sobornos y lavaron dinero.
José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel
Los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolas Rizik Pimentel, son dos de los que también participaron en amañar los procesos de licitación para la adquisición de alimentos e insumos para las cárceles.
En consecuencia, al igual que Sebelén Torres se involucraron en alterar procesos de compra, suministraron productos de menor calidad y cantidad de la contratada, alteraron y falsificaron documentos, hicieron uso de documentos falsos, así como la falsificación de otros.
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