La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dejó en estado de fallo, el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que descarga a los acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones, distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
El tribunal se reservó el fallo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para el 12 de junio, a las 12:00 del mediodía.
Durante la audiencia, el Ministerio Público pidió al tribunal revocar la sentencia que descargó al exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); el empresario Daniel Aquino Hernández, así como a las firmas 4D Business Group y Magycor y ordenar la celebración de un nuevo juicio.
A la salida de la audiencia, el fiscal adjunto, José Miguel Marmolejos, dijo que su expectativa es que la decisión de primera instancia será anulada y se ordenará la celebración de un nuevo juicio, al ser acogida las conclusiones del Ministerio Público.
Afirman que las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, al declarar no culpables a los imputados, no valoró todas las pruebas aportadas por el órgano persecutor.
Entre los argumentos que tomó el Ministerio Público para apelar la sentencia del tribunal se encuentran en que las declaraciones que hicieron las juezas se observa contradicciones de argumentaciones que el Ministerio Público dice no compartir.
Se recuerda que el dictamen presentado el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017.
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