La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia preliminar que conoce a los implicados en la red de corrupción desmantelada en las operaciones Coral y Coral 5G, debido a la recusación que le hizo la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Los abogados de Cáceres Silvestre recusaron a la magistrada por considerar que ha actuado con discriminación, debido a que no se pronunció en la audiencia sobre la sentencia de la Corte de Apelación que admitió una querella interpuesta por la Fundación Alfredo Novel en contra del imputado y que alegan fue adoptada sin darle oportunidad de que se defienda.
Tras rechazar la recusación, la magistrada Yanibet Rivas dispuso la remisión del expediente a la Corte de Apelación, para que la conozca y decida si la mantiene en el caso o la cambia, cumpliendo con el procedimiento legal. La jueza defendió su actuación y argumentó que no adoptó decisiones de fondo que ameriten la objeción, porque solo se limitó a organizar los debates. Dijo que dejó para luego las discusiones sobre el fallo de la Corte de Apelación debido a que todavía no ha sido notificada a las partes, ya que hace dos días que el tribunal recibió el fallo.
Sostuvo que el tribunal no toma en cuenta aspectos políticos, sino que solo ve el expediente.
"Yo estoy administrando justicia, y la justicia se administra con la Constitución y la ley", enfatizó la magistrada en las motivaciones de su rechazo a la recusación.
Al finalizar, fijó la continuación de la audiencia para el 21 de abril.
Nulidad del proceso
Previo a presentarse la recusación, se produjo la intervención en la audiencia de Cáceres Silvestre, quien hizo cuestionamientos a la decisión de la Corte de Apelación y la actuación del Ministerio Público.
Solicitó a la jueza declarar la nulidad de proceso penal en su contra, por considerar que es imposible que siga sin que se le garantice su derecho a la tutela judicial efectiva, principalmente la defensa y el debido proceso.
También pidió a la magistrada que disponga el cese de toda medida de coerción.
La jueza no respondió ese pedimento, porque antes ya había adoptado la decisión de que continuará la audiencia, cuando previamente los abogados expusieron sus argumentos y le había rechazado también un recurso de oposición.
Tanto su defensa legal, como el imputado, atribuyeron al Ministerio Público de instaurar u. "terrorismo judicial", alegando que está cometiendo violaciones "peores que las que dice perseguir".
La defensa de Cáceres Silvestre está integrada por los abogados Romel Jiménez, Cristian Martínez y Francisco Álvarez, entre otros.
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