Operación Búho: Abogado de Cooperativa Herrera, acusado de fraude, buscó ser miembro del TSE

 

El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), intervino esta cooperativa por detectarse irregularidades en temas de gestión administrativa, financiera y de gobernabilidad

Jorge Eligio MéndezEl abogado Jorge Eligio Méndez, expresidente de Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) y quien fue arrestado por el Ministerio Público junto a otras personas acusado de fraude por unos RD$2,500 millones, se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura en 2017 para ser miembro del Tribunal Superior Electoral (TSE).En su participación indicó que su entrevista obedecía al interés de “contribuir con una tutela efectiva de derechos en la República Dominicana desde el marco esencial de las funciones básicas que la Constitución de la República” establece para ese órgano del Estado.

Además de Jorge Eligio Méndez, fueron arrestados varios directivos como la actual presidenta del consejo de administración de Coop-Herrera, Kenia Del Carmen Liriano Pérez; Gabriel Santana Borsilea, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, acusados de fraude por unos RD$2,500 millones.

Hacer varios meses el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), intervino esta cooperativa por detectarse irregularidades en temas de gestión administrativa, financiera y de gobernabilidad

Los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.

Esta investigación, bajo el nombre de Operación Búho, incluye delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. 

El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.

Durante la operación el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.

En las próximas horas los fiscales procederán a solicitar la imposición de medida de coerción en contra de los imputados, mientras continúan recibiendo víctimas, ya que hay miles de personas afectadas con la distracción de sus ahorros a través de un entramado criminal.