El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, respondió este martes a las declaraciones del exmandatario Leonel Fernández, quien alertó sobre un posible espionaje masivo a través de las cámaras instaladas por la empresa Transcore Latam, advirtiendo que esto podría representar un riesgo para la seguridad nacional.
«El expresidente Leonel Fernández es un hombre de Estado, sabe que los temas de seguridad nacional se abordan de una manera adecuada y con cierto protocolo«, expresó Morrison al ser consultado sobre el tema por miembros de la prensa.
Aseguró que, en el momento adecuado, el Intrant proporcionará información detallada en cuanto a este hecho en particular. Además, subrayó que lo que debe saber la población dominicana es que, como director del Intrant, «algo que el expresidente quizás olvidó mencionar», lo único que hizo fue devolver al Estado el control de la Red Semafórica.
«De manera oportuna, mañana nosotros les vamos a informar. Pero si quieren saber cuál es el proceso en términos judiciales y demás, deben preguntarle al Ministerio Público. Lo importante es que la República Dominicana debe saber que los semáforos los controla el Intrant, algo que antes no se hacía», enfatizó Milton Morrison.
Continuó: «Cuando llegué a la dirección del Intrant, encontramos una situación que era producto de una auditoría realizada por la Contraloría. Observamos una situación particular y, obviamente, llevamos los semáforos al control del Estado, que es donde siempre debieron estar».
Lo que dijo Leonel
El exgobertante denunció que, a pesar de la anulación del contrato de Transcore Latam en 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debido a graves irregularidades, la empresa continuó operando bajo circunstancias poco claras, lo que ha derivado en serios problemas de gestión, como el apagón de la red semafórica en el Distrito Nacional.
Fernández cuestionó de qué manera una compañía inhabilitada pudo recibir pagos y mantener control sobre una infraestructura crítica, como las cámaras de vigilancia instaladas en diversas intersecciones de la ciudad, algunas incluso en áreas sensibles como el Palacio Nacional.
«¿Por qué una empresa privada, que debería solo gestionar el tránsito, también tiene la capacidad de rastrear teléfonos móviles y controlar datos sensibles?», preguntó el líder opositor.
En su intervención de este lunes, desde la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el expresidente alertó sobre las posibles implicaciones de este caso en la privacidad de los dominicanos, destacando que las cámaras instaladas podrían estar realizando espionaje masivo.
«Es inaceptable que las cámaras en intersecciones estratégicas no solo identifiquen vehículos, sino también teléfonos móviles, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la privacidad», expresó Fernández, citando el artículo 44 de la Constitución que garantiza la intimidad y el honor de las personas.
También señaló que algunas de las intersecciones con cámaras, como las avenidas Winston Churchill, están conectadas con redes privadas de fibra óptica que podrían estar facilitando la transferencia de datos personales hacia manos de empresas no reguladas. Esta situación, dijo, expone a los ciudadanos a un riesgo mayor, pues los dispositivos podrían ser utilizados para vigilar a la población en general, incluyendo a altos funcionarios del gobierno.
Además, el exmandatario recordó que en 2024 se descubrieron emisiones de radiofrecuencias no autorizadas desde edificios controlados por el INTRANT, las cuales podrían estar siendo utilizadas para identificar la ubicación de las personas a través de sus teléfonos móviles, una práctica que calificó como: “flagrante violación” de la privacidad. “¿Qué tipo de operaciones clandestinas se están llevando a cabo bajo el amparo del Estado? Esto es un asunto de seguridad nacional”, afirmó con preocupación.
El líder de la Fuerza del Pueblo también puso en el centro del debate la posibilidad de que esta misma red de vigilancia pudiera estar involucrada en futuros proyectos estatales, como la renovación de la cédula de identidad o la implementación del pasaporte biométrico electrónico. «No podemos permitir que empresas con antecedentes tan oscuros manejen información tan sensible», sostuvo, aludiendo a los riesgos que esto implicaría para la integridad del proceso electoral y la seguridad personal de los ciudadanos.
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