viernes, 27 de diciembre de 2024

Fusionan expedientes recursos caso Pandora

 Fusionan expedientes recursos caso Pandora

El imputado Juan Miguel Soler mientras escucha decisión de la Corte de Apelación

La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fusionó los expedientes de los recursos de apelación interpuestos por dos imputados del caso Pandora, acusados de robo de proyectiles de la Superintendencia de Armas de la Policía Nacional.

Por economía procesal y por tratarse de una misma resolución, el tribunal de alzada dispuso la fusión de los expedientes de los recursos de apelación interpuestos por los imputados del caso Pandora, Ángel Martínez Basilio y Juan Miguel Soler.

Ante la falta de traslado del imputado Ángel Martínez Basilio, la Corte suspendió la audiencia y la aplazó para el 14 de enero, para permitir el traslado de los dos encartados.

El pasado mes, la magistrada Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses prisión preventiva a siete policías de los 10 acusados del robo de municiones en la Policía Nacional.

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Los imputados deberán cumplir prisión en el centro de retención de militares de Operaciones Especiales de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.

Mientras que a otros tres, se le impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. A la civil Miguelina Bello Segura, le dictó prisión domiciliaria en su residencia en Pedernales.

Los encartados con prisión preventiva son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones; Juan Miguel Pérez Soler, subintendente, el capitán Nelson Valdez; responsable del depósito de armas, municiones y pertrechos; el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central, así como el cabo Juan Luis Díaz Medina y los rasos Rubiel Martínez y Moreibin Medina Pérez.

Garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica

En tanto que se le impuso garantía económica al capitán Víctor Manuel Santos, auditor, con una garantía económica de tres millones de pesos y al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, con una garantía económica de dos millones de pesos.

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