Este proceso iniciará inmediatamente después de la sentencia contra Ángelo Millones pautada para el 8 de agosto y ese mismo día, González le solicitará al juez federal durante la vista de sentencia que emita un dictamen de confiscación de los bienes que contiene el pliego acusatorio.
Entre los bienes que las autoridades identifican que pertenecen a Ángelo Millones hay once casas, una estación de gasolina, varios carros de carreras, camiones y muchas otras propiedades y cuentas bancarias.
Pérez Giménez determinará la cantidad de dinero que Ángelo Millones deberá pagar y acto seguido el Gobierno irá confiscando las propiedades ocupadas o identificadas después de la acusación, hasta cumplir con la cantidad total que ordenó el juez federal.
Este proceso se realizará a través de un pleito civil en el que la Fiscalía federal tendrá que establecer que los testaferros de las propiedades no eran los dueños legítimos.
Actualmente el Lamborghini Murciélago, que, al igual que otras propiedades de Ayala Vázquez, también estaba a nombre del lanzador de los Nacionales de Washington Liván Hernández, fue reclamado por el banco SUNTRUST en Orlando, Florida, luego que se dejara de pagar por un año y el banco lo pondrá a la venta en Puerto Rico o en Orlando.
Asimismo, el lujoso apartamento allanado por las autoridades federales en el segundo piso del edificio 11, apartamento 106, del residencial José Celso Barbosa en Bayamón, fue entregado al Departamento de la Vivienda y el mobiliario fue ocupado por los alguaciles federales para que sea confiscado.
Según la acusación, existe una propiedad a nombre de una novia de Ángelo Millones, así como otra casa a nombre de otro miembro de su familia.
El proceso de confiscación establece que si el familiar interesa quedarse con el inmueble tiene que radicar un reclamo una vez es notificado por el Gobierno y plantear en el tribunal sus razones para que la propiedad no le sea confiscada.
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